No habrá perdón para migrantes: gobierno de Trump endurece postura

El gobierno de Donald Trump ha descartado categóricamente la posibilidad de conceder una "amnistía" a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, rechazando también un proyecto bipartidista aprobado recientemente en el Congreso que buscaba ofrecer una vía hacia la residencia permanente para ciertos grupos de inmigrantes sin estatus legal.

Tom Homan, quien lidera las políticas fronterizas del país, aclaró en un encuentro con la prensa que las versiones sobre un posible favorecimiento a estos trabajadores carecen de fundamento.

Aunque el presidente Trump ha expresado preocupación por el impacto que las redadas migratorias han tenido en sectores agrícolas, donde muchos trabajadores llevan décadas laborando, su administración insiste en que no se firmará ninguna medida que permita la legalización masiva o la suspensión de deportaciones.

Esto resulta evidente ante la continuación de las operativos en los campos, a pesar de que Trump en ocasiones manifestó su intención de proteger a los agricultores y evitar efectos negativos en la producción y la economía rural

La contradicción entre la retórica presidencial y las acciones actuales ha generado un ambiente de incertidumbre. Por un lado, el mandatario reconoció en público que es injusto expulsar a quienes han trabajado durante años en granjas, gran parte de ellos sin documentos oficiales.

Por otro, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que las redadas seguirán vigentes. En la actualidad, Homan reiteró con firmeza que no habrá amnistía, aunque admitió que persisten "conversaciones en curso" acerca del manejo de casos específicos, como el de los trabajadores agrícolas.

Las redadas y las deportaciones han levantado críticas no solo de organizaciones proinmigrantes, sino también de dueños de ranchos, granjeros y legisladores republicanos que solicitan al gobierno una reducción en los operativos dentro de los cultivos.

Esta presión surge porque cerca de un millón de trabajadores agrícolas no tienen estatus legal, y su salida repentina podría afectar la producción de alimentos y la economía rural en EE. UU.