Opacidad a la vista de todos: El nuevo decreto de transparencia
CDMX
Fecha: 29-09-2026
Con la llegada de Morena al poder, en México se ha configurado una nueva definición detransparencia: si la información incomoda, no se documenta; si cuesta miles de millones de pesos, se reserva bajo la etiqueta de seguridad nacional; y si alude a presuntos casos de corrupción, se guarda bajo candado hasta que concluyan las investigaciones.
El precedente directo de este modelo comenzó con el recordado decretazo de 2021, cuando la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador clasificó todas las obras prioritarias de su gobierno como de interés público y seguridad nacional. El Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ?proyectos financiados en su totalidad con recursos públicos? quedaron envueltos en un velo de opacidad.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dicho decreto en 2023, la práctica operativa quedó plenamente instalada. Ante la presencia de sobrecostos, fallas en licitaciones, permisos ambientales cuestionados o decisiones administrativas polémicas, la respuesta institucional recurrente ha sido la misma: declarar la información como reservada.
LAS CAUSALES LEGALES PARA OCULTAR INFORMACIÓN EN MÉXICO
De acuerdo con el marco normativo actual, las autoridades pueden clasificar y restringir el acceso a datos e informes públicos bajo los siguientes supuestos:
- Temas de seguridad nacional y seguridad pública.
- Procesos judiciales, administrativos o investigaciones en curso.
- Información cuya divulgación represente un riesgo para la vida, seguridad o salud de una persona.
- Datos que amenacen la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.
- Auditorías, inspecciones y procesos de fiscalización en trámite.
- Acuerdos y negociaciones internacionales en desarrollo.
EL CASO PEMEX: AUDITORÍAS RESERVADAS POR MILES DE MILLONES
Un ejemplo puntual de este manejo se observa en Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa estatal ha reservado los detalles de su deuda financiera por un periodo de cinco años y mantiene bajo candado información técnica clave de la Refinería de Dos Bocas.
A esta política se suma la decisión tomada por el exdirector de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, quien antes de dejar el cargo clasificó como reservadas por tres años dos auditorías internas clave realizadas el año pasado.
Una de estas auditorías, la VEA-001/2025, evaluó el Servicio Integral Administrado de Equipo de Cómputo de Escritorio, Portátil, Replicadores de Puertos y Monitores". El reporte detectó cinco hallazgos graves sobre irregularidades, ineficiencias y fallas operativas en la administración y entrega de equipos de cómputo, emitiendo recomendaciones directas a los responsables para corregir las deficiencias.
"Cada esfuerzo realizado dentro de esta noble empresa está dirigido al bienestar de las familias mexicanas. Nuestro compromiso es inquebrantable: fortalecer a la empresa petrolera del pueblo de México, asegurar su viabilidad y consolidar su papel como motor del desarrollo nacional", dijo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.
A pesar de dicho discurso, las autoridades justificaron el ocultamiento de los reportes argumentando que publicar las auditorías informáticas expondría vulnerabilidades operativas y entorpecería el seguimiento de las correcciones.
CONSECUENCIAS LEGALES Y FINANCIERAS DEL OCULTAMIENTO
En el ámbito normativo, cuando una auditoría emite cédulas de recomendación, las áreas técnicas disponen de plazos estrictos para solventar los hallazgos. Si las observaciones no se atienden, la Unidad de Responsabilidades de Pemex debe iniciar investigaciones formales que pueden derivar en amonestaciones, suspensiones o destituciones.
En situaciones donde se configuren faltas administrativas graves ?como desvío de recursos, cohecho o contratación indebida?, el expediente debe turnarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), organismo facultado para imponer inhabilitaciones y sanciones económicas.
El impacto económico de estas irregularidades es considerable: los megacontratos para la renta y administración de equipos de cómputo en Pemex fluctúan entre los 1,600 y los 3,000 millones de pesos por periodos de cuatro años. Licitaciones y adjudicaciones reportadas previamente revelan contratos por 2,586 millones de pesos para 45 mil computadoras, e incluso asignaciones directas por hasta 2,990 millones de pesos.
EL NUEVO DECRETO DE CLAUDIA SHEINBAUM: PROMESAS VS. REALIDAD
Ante el descontento social por la opacidad institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con la intención manifestada de combatir el problema.
El decreto ordena al Ejecutivo federal publicar mensualmente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sus contratos y convenios modificatorios dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada mes. Asimismo, obliga a las filiales de Pemex y CFE a transparentar sus estados financieros, actas de consejo, gobierno corporativo, remuneraciones y contratos (tanto en México como en el extranjero), al tiempo que suma información sobre auditorías, programas de fiscalización y contratación de despachos externos.
Sin embargo, un análisis técnico revela que la gran mayoría de las medidas no constituyen una innovación normativa. El principio de máxima publicidad, las obligaciones de transparencia, las versiones públicas, la prueba de daño y la propia Plataforma Nacional ya estaban garantizados en la legislación previa.
"Es muy problemático, en primer lugar, por la ambigüedad con la que se establecen las causales de reserva. A todo se le quiere considerar como seguridad nacional, o como algo que generará una irrupción en la paz social o el interés de la nación", dice Martha Tudón, Oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19
LA FALACIA DEL "FUNCIONARIO ÚNICO" Y EL DESMANTELAMIENTO DEL INAI
El discurso oficial argumenta que con este decreto la clasificación de la información dejará de recaer en la decisión arbitraria de un solo servidor público. No obstante, esta afirmación es jurídicamente imprecisa: desde la promulgación de la Ley General de Transparencia, la reserva de documentos nunca ha sido atribución individual, sino de Comités de Transparencia colegiados, obligados a fundamentar legalmente cada decisión mediante pruebas de daño.
Aunque la reducción en los plazos de publicación mensual representa un ajuste operativo positivo, el balance estructural es deficitario. Bajo las reformas recientes impulsadas por la mayoría oficialista, las causales legales para reservar información se ampliaron de 13 a 17 supuestos, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ?órgano autónomo e independiente encargado de arbitrar las negativas del gobierno? fue erradicado.
Intentar resolver con un decreto de seis páginas la pérdida de un organismo autónomo que tardó 25 años en construirse resulta insuficiente. Prometer mayor transparencia mientras se multiplican las razones legales para ocultar datos y se elimina al árbitro imparcial no equivale a abrir las puertas de la información pública: es cambiar la cerradura institucional para mantener el control de lo que la ciudadanía puede saber.
