Partido Sinaloense (PAS) busca incorporar el delito de hostigamiento coercitivo al Código Penal de Sinaloa
El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Sinaloa, con el propósito de fortalecer las disposiciones legales contra la extorsión, precisar el delito de cobranza ilegítima e incorporar una nueva figura denominada hostigamiento coercitivo.
La propuesta fue presentada en primera lectura durante la sesión legislativa de este martes por los diputados Jesús Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, quienes plantearon ampliar las herramientas jurídicas para sancionar conductas de presión, intimidación y violencia que actualmente no se encuentran plenamente reguladas.

Buscan sancionar nuevas formas de violencia y coacción
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa responde al crecimiento del delito de extorsión en el país y en Sinaloa, una problemática que representa una amenaza para el desarrollo económico y social, al afectar el patrimonio de familias, pequeños negocios y empresas.
Uno de los principales planteamientos consiste en incorporar el delito de hostigamiento coercitivo, definido como un patrón continuo de amenazas, presiones, intimidación o humillación mediante el cual una persona busca someter y controlar la voluntad de otra.
La propuesta contempla sancionar estas conductas incluso cuando no exista una exigencia de pago o la intención de obtener un beneficio económico, así como cuando no se concrete una afectación directa al patrimonio de la víctima.
Plantean penas de tres a siete años de prisión
Asimismo, la iniciativa propone establecer como agravantes el uso de imágenes, audios o videos de contenido íntimo, reales o simulados, utilizados como mecanismos de presión. También considera agravantes que estas conductas se cometan desde centros penitenciarios o por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a las sanciones, los legisladores plantean penas de tres a siete años de prisión para quienes incurran en hostigamiento coercitivo.
La propuesta también contempla la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias cuando exista justificación social, con el propósito de favorecer la justicia restaurativa.
Los diputados señalaron que la reforma busca armonizar la legislación estatal con el nuevo marco jurídico nacional y fortalecer la capacidad de las autoridades para prevenir y sancionar conductas que vulneran la seguridad y libertad de las personas, particularmente en beneficio de los sectores productivos de Sinaloa.
