La Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informó de la recuperación de 7 cuerpos en la fosa común, ubicada en el Panteón Civil No. 2 "21 de Marzo" de la ciudad de Culiacán.
Los cuerpos se encuentran en calidad de no identificados, los cuales serán posteriormente trasladados para su resguardo digno al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH) de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, donde se realizarán los análisis científico-forenses con fines de identificación humana.
El procedimiento de campo se ejecuta conforme a los más altos estándares técnicos de arqueología y antropología forense, mediante excavación controlada por niveles, registro estratigráfico detallado, documentación fotográfica y planimétrica del contexto, cribado sistemático de sedimentos y levantamiento de evidencia in situ.
Todas las actuaciones se realizan bajo protocolos estrictos de cadena de custodia, legalidad y debida diligencia forense, garantizando la integridad de los hallazgos y la validez de los resultados.
Cabe recordar que durante los meses de julio y agosto de 2025 se recuperaron 16 cuerpos en una primera fase de intervención.
De acuerdo con información preliminar, las siete personas localizadas en este nivel corresponderían a averiguaciones previas con fechas de hechos comprendidas entre 2009 y 2013.
Los restos son tratados conforme a los principios de dignidad, ciencia y derechos humanos, asegurando su análisis posterior en el laboratorio del CertiDH mediante peritajes antropológicos y genéticos.
Estas acciones forman parte del Programa Estatal de Recuperaciones, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PertiDH), instrumento rector de la política pública estatal de identificación humana, y constituyen un proceso humanitario y científico sin precedentes en la historia del Poder Ejecutivo de Sinaloa.
El equipo interinstitucional en campo está integrado por arqueólogos forenses, antropólogos forenses, criminalistas, peritos, psicólogos y especialistas en derechos humanos, todos ellos pertenecientes al Gobierno del Estado, los cuales cuenta con el acompañamiento y la supervisión pericial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.