La crisis de inseguridad que enfrenta Sinaloa ha dejado en claro la vulnerabilidad de las corporaciones de seguridad en el Estado, las cuales se encuentran debilitadas y necesitan un reforzamiento.
Distintos organismos sociales y actores públicos han concordado que el Estado se encuentra en un momento clave para el fortalecimiento de sus corporaciones, hecho que tiene que verse reflejado en el presupuesto fiscal para el 2026.
Los legisladores locales en Sinaloa afirman que están trabajando en aprobar un presupuesto que fortalezca áreas como la policía estatal y la Fiscalía General del Estado, sin embargo hasta la fecha no tienen cifras claras.
La misma titular de la Fiscalía, Claudia Zulema Sánchez Kondo ha admitido que algunas de las deficiencias de las labores de investigación se deben a lo saturada que se encuentra la Fiscalía,sin suficiente personal para atender todas las carpetas de investigación; se encuentran atendiendo una situación extraordinaria con un presupuesto deficiente.
Por su parte el Coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) Miguel Calderón Quevedo, señaló que en los últimos ocho años se ha acumulado un rezago de al menos 5 mil millones de pesos en el financiamiento de las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia.
Calderón Quevedo comparó la situación del Estado con entidades como Chihuahua o Sonora, que tienen poblaciones similares e incluso menor incidencia delictiva, sin embargo Sinaloa opera con hasta tres veces menos presupuesto.
Destacó además la necesidad de invertir en los espacios públicos para que la ciudadanía pueda volver a retomar sus actividades sociales y alejar a los niños de la delincuencia.
Hay que mencionar que para el año 2025 en Sinaloa se aprobó un aumento del 13 por ciento en el presupuesto destinado a áreas de seguridad, sin embargo organismos como colectivos de búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros, refieren que el presupuesto sigue siendo insuficiente.