El Estado de Sinaloa se ubica entre las entidades federativas con mayor índice de transparencia; siendo uno de los 11 Estados que no recibieron observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación durante el ejercicio fiscal 2024.
En el área de la salud, Sinaloa se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en la evaluación del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2025.
A pesar de esto aún existen dependencias con áreas de mejora en cuanto a la transparencia de sus procesos y sus estadísticas.
En este sentido la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) ha identificado al menos a 12 sujetos obligados que no cumplen con los procesos de transparencia; entre ellos destacan dependencias de San Ignacio y Sinaloa Municipio.
Así mismo la CEAIP dio a conocer que las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, pasaron de 100 casos a 43 durante el último año.
Desde la organización civil Iniciativa Sinaloa la percepción de transparencia es diferente, pues señalan que no basta con cumplir con las auditorías que realizan instituciones gubernamentales, sino que es necesario que se dé acceso a la información a la ciudadanía de manera sencilla y rápida.
Destacan en este sentido la falta de información en las páginas web de las dependencias de gobierno.
La directora de Iniciativa Sinaloa comentó además que actualmente se tiene que dar más importancia a la procuración de transparencia, pues con la próxima desaparición de organismos como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) esta responsabilidad quedará a la deriva.
Cabe mencionar que durante el 2024 se aplicaron 536 sanciones a sujetos obligados que no cumplieron con sus obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma.
De estas sanciones 534 fueron calificadas como no graves y fueron dirigidas a los ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y Elota en la mayoría de los casos; mientras que dos sanciones se consideran de gravedad y fueron aplicadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.