4 Alcaldes de Durango enfrentan investigaciones por presuntos delitos

Cuatro presidentes municipales de Durango están bajo la lupa de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos delitos cometidos durante su administración. Se les acusa de peculado, uso indebido de atribuciones, nombramientos irregulares y abandono del cargo sin haber realizado el proceso de entrega-recepción.

El fiscal Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, confirmó que estos casos se encuentran en curso, aunque evitó revelar los nombres de los ayuntamientos involucrados debido a la etapa procesal en la que se encuentran las indagatorias. La falta de entrega-recepción, señaló, no solo representa una irregularidad administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades penales al dejar sin claridad el manejo de recursos públicos y bienes municipales.

Además de estos cuatro casos, uno más avanza en el Congreso del Estado. Se trata de un proceso de desafuero en contra de una presidenta municipal. El procedimiento busca retirar la protección legal que impide su enjuiciamiento, pero ha enfrentado retrasos debido a recursos legales presentados por la defensa. El Congreso se mantiene a la espera de la resolución de estas impugnaciones para definir los siguientes pasos.

Las investigaciones reflejan los retos que enfrentan las autoridades para garantizar la rendición de cuentas al término de las administraciones locales. En Durango, el proceso de entrega-recepción está diseñado para que las nuevas autoridades reciban una administración con registros claros sobre el estado financiero, contratos, deudas y patrimonio municipal. Su incumplimiento abre la puerta a irregularidades y opacidad en el manejo de recursos.

Díaz Rodríguez subrayó que la Fiscalía mantiene abiertos los expedientes y continuará integrando pruebas antes de judicializar los casos. Al mismo tiempo, recordó que la ley obliga a los servidores públicos a responder por los actos cometidos durante su mandato, aun después de dejar el cargo.

En las próximas semanas se definirá si las investigaciones contra los alcaldes en funciones y el procedimiento legislativo en curso avanzan hacia un proceso formal ante los tribunales. Por ahora, la expectativa recae en los resolutivos del Congreso y en la integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía.