50 asentamientos irregulares en Durango; 8,000 familias sin certeza jurídica

En la capital de Durango, más de 50 asentamientos irregulares albergan a aproximadamente 8,000 o 10,000 familias que viven sin certeza jurídica sobre la tierra que ocupan, sin acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, y con el temor constante de ser desalojadas. En asentamientos como San José III y El Ciprés, dos de los más grandes del norte de la ciudad, las autoridades han ofrecido opciones de reubicación a las familias, pero muchas de ellas han mostrado resistencia a abandonar sus viviendas.

Más de 50 asentamientos, el 15% en zonas de alto riesgo

El 15 por ciento de estos asentamientos se ubica en zonas de alto riesgo, como terrenos cercanos a arroyos, laderas o áreas de deslizamientos, lo que agrava la vulnerabilidad de las familias. Se estima que el crecimiento de estos asentamientos es de entre el 5 y el 8 por ciento anual, impulsado por la falta de vivienda asequible y la ausencia de políticas efectivas de suelo urbano. La distribución geográfica muestra una mayor concentración en el sur de la ciudad, con colonias como Manuelito Álvarez, Raquel Velázquez y Miguel de la Madrid, que colindan con terrenos federales y son zonas de alto crecimiento irregular. En el oriente, asentamientos como Alcaldes y Pedro Ávila Nevárez ocupan áreas con reserva territorial municipal, mientras que en el poniente, el Parque Industrial Ladrillero presenta una mezcla de uso industrial y residencial.

Familias en incertidumbre: se arriesgan a sufrir desalojos

Actualmente, hay alrededor de 120 predios en proceso de regularización a través del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), pero las autoridades reconocen que la demanda de vivienda sigue superando la oferta y que la falta de políticas integrales de suelo urbano impulsa el crecimiento de estos asentamientos. Las familias que habitan en ellos enfrentan carencias de agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación, y viven bajo la amenaza de desalojos, lo que genera un clima de incertidumbre y angustia.

Confianza en promesas: prefieren mantener la irregularidad

A pesar de las ofertas de reubicación, muchas familias prefieren permanecer en sus predios, confiando en que el gobierno federal cumplirá las promesas de regularización. El arraigo, el miedo al desalojo y la desconfianza hacia las autoridades locales son las principales razones del rechazo a las ofertas de reubicación. Las familias llevan años construyendo su vida en esos lugares y no quieren pagar por un lote en la periferia cuando han esperado años una respuesta federal. "No es terquedad, es desconfianza", coinciden especialistas y afectados. La ausencia de una política integral de suelo urbano y de programas efectivos de regularización mantiene a miles de familias en una situación de vulnerabilidad que exige respuestas urgentes y coordinadas entre los tres niveles de gobierno.