65 % de pensiones alimenticias no se recupera, advierte defensor público

En Durango, el 65 por ciento de las sentencias favorables de pensión alimenticia no se cumplen, informó Luis Ignacio Covarrubias González, director del Instituto de Defensoría Pública del Estado. La principal causa, explicó, es que muchos de los deudores carecen de empleo estable que les permita cumplir con las obligaciones económicas dictadas por los tribunales.

Covarrubias González señaló que obtener una sentencia favorable no garantiza el pago efectivo. "Tener una buena sentencia no asegura que los pagos se realicen de manera efectiva", afirmó, resaltando que esta situación genera déficit en los ingresos destinados a los beneficiarios, especialmente menores de edad.

El funcionario detalló que la falta de empleo y la informalidad laboral complican la recuperación de recursos, ya que los mecanismos judiciales y administrativos disponibles para obligar el cumplimiento son limitados. Esto deja a numerosas familias en una situación económica vulnerable, aun cuando la ley protege sus derechos.

El Instituto de Defensoría Pública trabaja en mecanismos de seguimiento de pagos y brinda asesoría a los acreedores, pero la recurrencia del incumplimiento y el volumen de casos reducen la eficacia de estas acciones. Entre los factores que dificultan la ejecución de sentencias están la movilidad de los deudores y la falta de información sobre sus ingresos.

Especialistas advierten que este problema va más allá de los beneficiarios directos: el incumplimiento sistemático de las pensiones alimenticias contribuye a la persistencia de la pobreza y limita el acceso de los menores a educación, alimentación y servicios básicos.

Covarrubias González destacó la necesidad de reforzar estrategias de seguimiento y cooperación entre tribunales, autoridades laborales e instituciones públicas, así como promover la formalidad laboral y la supervisión de ingresos. Estas medidas buscan garantizar que las obligaciones alimentarias sean cumplidas y proteger de manera efectiva los derechos de los menores y sus familias.

La cifra del 65 por ciento evidencia la brecha entre la ley y su cumplimiento práctico en Durango, mostrando que los mecanismos judiciales actuales requieren ajustes urgentes para garantizar que los beneficios de la pensión alimenticia lleguen a quienes dependen de ellos.