Derivado de la situación de inseguridad en Sinaloa, un número indeterminado de habitantes de ese estado ha emigrado hacia Durango, principalmente a la capital, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.
El mandatario estatal señaló que, aunque no se cuenta con un registro exacto del número de personas que han llegado a la entidad, se ha detectado que algunas familias han inscrito a sus hijos en escuelas locales, integrándose al sistema educativo de Durango. "Estamos atentos a este fenómeno y a la necesidad de brindar servicios básicos, como educación y salud, a quienes deciden asentarse en la ciudad", comentó.
Villegas Villarreal enfatizó que, además de atender las necesidades de quienes emigran por motivos de seguridad, las autoridades mantienen medidas de vigilancia para prevenir la llegada de personas vinculadas a actividades delictivas o al crimen organizado. "El objetivo es garantizar que la población que se incorpora a Durango contribuya a la comunidad sin representar un riesgo para la seguridad", puntualizó.
El gobernador explicó que la administración estatal trabaja de manera coordinada con autoridades municipales y fuerzas de seguridad federales para monitorear los movimientos de personas provenientes de Sinaloa, y fortalecer los filtros de control en áreas sensibles de la ciudad. Esta vigilancia busca reducir la probabilidad de conflictos o delitos derivados de la migración interna.
Asimismo, Villegas Villarreal destacó la importancia de mantener canales de comunicación con la ciudadanía y con instituciones educativas y de salud, para asegurar que quienes se trasladan a Durango tengan acceso a servicios esenciales y que la integración de estas familias sea ordenada y segura.
El gobierno estatal reiteró que la prioridad es proteger a los duranguenses, mientras se brinda apoyo a quienes llegan huyendo de la violencia, manteniendo un equilibrio entre la asistencia humanitaria y la seguridad pública.
Con estas acciones, Durango busca atender de manera integral la llegada de migrantes internos sin comprometer la tranquilidad de la población ni la operación de los servicios públicos en la capital y otras localidades del estado.