En Durango se ha registrado un preocupante incremento en casos de fraude relacionados con la firma de documentos en blanco, particularmente pagarés, que después son completados con montos exorbitantes. Durante el primer trimestre de 2025, la Fiscalía del Estado detectó al menos 15 víctimas de esta práctica en la capital duranguense, mientras que en marzo se alcanzó un récord de 164 denuncias por fraude, muchas de ellas vinculadas a documentos alterados después de ser firmados sin especificar cantidades.
Este modus operandi es utilizado frecuentemente por prestamistas informales, tiendas departamentales y algunas empresas que condicionan productos o servicios a la firma de estos documentos. Un caso emblemático es el de Gabriela Núñez, quien durante la pandemia firmó un pagaré en blanco para obtener vales de despensa y ahora enfrenta un juicio por 96,200 pesos, cantidad muy superior a lo que realmente recibió. Como ella, muchas víctimas se ven obligadas a emprender costosos procesos legales para demostrar el fraude.
El Código Penal de Durango establece penas de 3 meses a 3 años de prisión más multas por falsificación de documentos, sanciones que aumentan a 1-5 años de cárcel cuando se comprueba que se trató de documentos firmados en blanco y alterados posteriormente. Sin embargo, el subregistro de casos es significativo, ya que muchas víctimas no denuncian por desconocimiento, temor o falta de recursos para enfrentar procesos legales.
Las consecuencias para los afectados son devastadoras: pérdida de patrimonio, estrés emocional y desconfianza generalizada hacia el comercio establecido. En redes sociales y medios locales se han difundido numerosos testimonios que evidencian lo extendido de esta práctica fraudulenta.
Ante esta situación, especialistas recomiendan: nunca firmar documentos incompletos, exigir copias de todo lo firmado, verificar que los montos escritos coincidan con los acordados y denunciar inmediatamente cualquier irregularidad. Las autoridades enfrentan el reto de implementar campañas educativas más efectivas, agilizar los procesos de peritaje documental y garantizar la aplicación estricta de las sanciones correspondientes.
Mientras tanto, la población debe extremar precauciones al realizar cualquier transacción que involucre firma de documentos financieros, pues como demuestran los casos recientes, la firma de un pagaré en blanco puede convertirse en una pesadilla jurídica y económica difícil de resolver.