Autoridades analizan la implementación de verificación vehicular

El municipio de Durango avanza en el análisis de un programa de verificación vehicular obligatoria, una propuesta que ha resurgido este 2025 como parte de la agenda ambiental local y estatal. La medida se encuentra en evaluación por autoridades medioambientales, quienes plantean que podría aplicarse de manera gradual a partir de 2026.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha retomado el proyecto, inicialmente planteado varios años atrás, y lo considera como una herramienta para mejorar la calidad del aire en la capital. El esquema contemplaría comenzar con unidades de transporte público y posteriormente extenderlo a vehículos particulares conforme a la capacidad operativa que se logre establecer.

A nivel municipal, la Dirección de Medio Ambiente ha confirmado que el análisis continúa en curso y que la propuesta se encuentra en fase de diseño técnico. Entre los elementos que se evalúan están la periodicidad de las verificaciones, las líneas de revisión, el número de centros autorizados y los mecanismos de seguimiento para asegurar su cumplimiento.

En el ámbito político, la medida ha generado discusión en el Cabildo, donde se ha insistido en que, de aprobarse, la verificación no debe convertirse en un instrumento con fines recaudatorios, sino en una política ambiental enfocada exclusivamente a reducir emisiones contaminantes. Esta postura surge a partir de experiencias en otros estados donde el cobro por verificación ha sido cuestionado por falta de transparencia en el uso de los recursos.

Especialistas en movilidad y medio ambiente señalan que, para que un esquema de verificación funcione adecuadamente, es indispensable establecer estándares claros de medición, supervisión permanente de los centros encargados y sanciones proporcionales para quienes no cumplan. También advierten que, sin una estrategia integral de movilidad y transporte público, la verificación por sí sola tiene un impacto limitado.

Por ahora, Durango se mantiene en fase de estudio y diseño, sin tarifas definidas, sin calendario de operación y sin una estimación oficial de recaudación. Las próximas semanas serán clave para determinar si la propuesta avanza hacia su implementación o si quedará sujeta a nuevos ajustes regulatorios y presupuestales.