A casi dos semanas de la redada policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, que dejó al menos 121 personas muertas -incluidos cuatro policías-, organizaciones de derechos humanos advierten que las autoridades no han realizado pasos básicos de investigación para esclarecer los hechos
La incursión, una de las más letales en la historia reciente de Brasil, se desarrolló en comunidades de bajos ingresos y mayoritariamente negras.
De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), la policía no preservó los lugares donde ocurrieron las muertes, lo que podría haber provocado la pérdida de pruebas clave.
Un experto forense del estado confirmó que no se realizó ningún análisis en el sitio de los hechos, mientras que la fiscalía estatal indicó que espera confirmar esa información.

Durante el operativo, más de 2,500 agentes -apoyados por helicópteros y vehículos blindados- ingresaron a los barrios de Alemão y Penha, donde se registraron intensos enfrentamientos. Inicialmente se reportaron 64 muertos, pero residentes hallaron decenas de cuerpos adicionales en una zona boscosa al día siguiente
Deficiencias forenses y falta de independencia
Los expertos alertan que no se enviaron peritos criminalistas ni se registraron las evidencias en el lugar o en la plaza donde fueron concentrados los cadáveres.
Tampoco hubo presencia de observadores independientes durante las autopsias, pese a que organizaciones civiles lo solicitaron.
HRW advirtió que la manipulación de cuerpos sin la debida cadena de custodia borra rastros clave, como residuos de disparo o huellas. A ello se suma la crónica falta de personal e inversión en los servicios forenses del estado.
El Ministerio de Justicia anunció hasta el 30 de octubre el envío de 20 forenses federales para colaborar en las autopsias y análisis balísticos. Sin embargo, HRW y otras organizaciones insisten en la necesidad de una investigación independiente, tal como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de abuso policial.

En 2024, la policía de Río de Janeiro mató a 703 personas, y otras 470 entre enero y agosto de 2025. El 86 % de las víctimas eran negras