Aunque Durango cuenta con protocolos formales para atender el acoso escolar, el problema sigue tan presente que ya forma parte de las principales preocupaciones de directores, maestros y padres de familia. La propia Secretaría de Educación ha reconocido que el bullying no solo persiste, sino que se ha vuelto más complejo: ocurre en el salón, en el recreo, en el transporte y ahora también en redes sociales. Los datos lo confirman: tres de cada cinco estudiantes han sido víctimas de algún tipo de hostigamiento y en varias zonas del estado se registran dos a tres reportes semanales, una cifra que evidencia que el fenómeno no está disminuyendo.
Cuando una escuela identifica un posible caso, entra en marcha un protocolo obligatorio que inicia con la detección y registro del incidente, seguido por la notificación inmediata a la dirección y al área jurídica o psicológica del plantel. Después se realizan entrevistas con la víctima, el agresor y sus familias, se implementan medidas de protección, como separar a los involucrados, y se aplican acciones correctivas o disciplinarias según la gravedad. En situaciones de riesgo mayor, el caso se canaliza a instancias externas, como el DIF, servicios psicológicos especializados o incluso la autoridad ministerial. Cada reporte debe quedar documentado y recibir seguimiento hasta su resolución, además de activar campañas preventivas dentro de la escuela.
El protocolo depende de factores que varían entre planteles: capacitación del personal, acceso a psicólogos, comunicación con los padres y rapidez para actuar. El ciberacoso, que crece en primarias y secundarias, también ha puesto a prueba estos mecanismos, pues obliga a adaptar los procedimientos a un entorno donde las agresiones ocurren fuera del horario escolar y se viralizan fácilmente.
El reto es contundente: Durango tiene reglas, pero necesita garantizar que cada escuela pueda aplicarlas sin excusas. Mientras la violencia siga normalizándose en los pasillos y pantallas, los protocolos servirán de poco. El sistema educativo enfrenta una urgencia clara: pasar del papel a la protección real.