Bullying escolar persiste en Durango; urgen soluciones integrales y efectivas.
En 2025, el problema del acoso escolar sigue afectando a instituciones educativas de Durango, como lo demuestra el reciente caso reportado en el **Colegio "José Ramón Valdéz"**, donde una madre denunció que su hijo de **8 años** sufrió intento de asfixia, amenazas con un cuchillo y golpes por parte de sus compañeros. Pese a la gravedad de los hechos, la escuela no activó el protocolo correspondiente, lo que obligó a la familia a acudir a la **Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)** para buscar justicia. Este no es un incidente aislado, pues en años anteriores ya se habían registrado situaciones similares en otros planteles, como en la **Secundaria Técnica 19**, donde en 2022 circularon videos de violentas peleas entre alumnas, o en la **Primaria Solidaridad**, donde en 2018 un niño de **9 años** fue golpeado, insultado y agredido con un compás mientras un docente, según testimonios, solapaba la situación.
Los casos más recientes incluyen el de un menor de la **primaria "Ignacio Allende"**, quien fue golpeado contra un pizarrón y en el abdomen con tal violencia que requirió intervención quirúrgica de emergencia. Pese a la gravedad, las autoridades escolares se negaron a emitir declaraciones, lo que generó indignación entre los padres de familia, quienes exigen respuestas rápidas y medidas efectivas para evitar que estos hechos se sigan repitiendo. Ante esta problemática, diputados del **PAN** han presentado reformas para crear **"Consejos de Convivencia Escolar"**, instalar cámaras de vigilancia y botones de pánico en las escuelas, así como aprobar una **ley específica contra el acoso escolar**. Sin embargo, aunque estas iniciativas representan un avance, organizaciones civiles y especialistas señalan que falta un **programa integral** que no solo sancione, sino que también prevenga el bullying mediante estrategias psicoemocionales y de mediación.
En Durango, programas como **Mochila Segura** y los consejos municipales de participación escolar han contribuido a reducir algunos casos, pero la falta de supervisión constante y la normalización de la violencia entre estudiantes mantienen el problema vigente. Las familias afectadas demandan que las autoridades educativas asuman su responsabilidad, activando protocolos de manera inmediata y garantizando entornos seguros para los menores. Mientras no exista una política pública robusta que combine prevención, atención psicológica y sanciones claras, el bullying seguirá siendo una realidad dolorosa en las escuelas de la entidad, con consecuencias que, como se ha visto, pueden llegar a poner en riesgo la vida de los niños.
