California y aliados demandan a Trump por fondos bloqueados

California ha presentado dos demandas contra la administración del presidente Donald Trump por intentar retener miles de millones de dólares en fondos federales destinados al transporte y a la preparación ante emergencias, como medida de presión para que el estado colabore con su política migratoria

Estas acciones legales buscan impedir que el gobierno federal condicione la asignación de recursos a estados y ciudades que limitan la cooperación entre sus fuerzas policiales locales y las autoridades migratorias federales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó que la administración Trump no tiene facultades para obligar a los gobiernos estatales y municipales a destinar sus recursos a la aplicación de leyes migratorias federales.

Según Bonta, la orden ejecutiva de Trump que amenaza con suspender fondos para carreteras, transporte aéreo y preparación ante ataques terroristas es una forma ilegal de coacción que pone en riesgo la seguridad de las comunidades, pues estos recursos no están relacionados con la inmigración sino con la infraestructura y protección ciudadana.

California recibe anualmente más de 15.700 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Transporte (DOT), incluyendo 5.700 millones para mantenimiento y construcción de carreteras y 2.000 millones para sistemas de transporte en zonas urbanas y rurales

Además, el estado obtiene cerca de 20.000 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la preparación y respuesta ante emergencias y ataques terroristas, fondos que también se destinan a las fuerzas del orden que colaboran con agencias federales en tareas antiterroristas.

La demanda señala que ni los objetivos ni los criterios para estas subvenciones están vinculados a la aplicación de la ley migratoria.

El conflicto tiene raíces en la política migratoria de Trump, quien durante su primer mandato enfrentó a California en más de cien litigios, muchos relacionados con la suspensión de fondos.

En respuesta a las políticas federales, California aprobó la Ley de Valores en 2017, que limita la cooperación entre policías locales y agentes migratorios federales, convirtiéndose en el primer estado considerado santuario para inmigrantes.

Actualmente, California encabeza una coalición de 20 estados demócratas que han presentado demandas similares contra la administración Trump por condicionar fondos federales a la colaboración migratoria

El fiscal Bonta enfatizó que el Congreso es el encargado de asignar el presupuesto federal y que el presidente no puede decidir unilateralmente cómo se distribuye ni se utiliza ese dinero.

La estrategia de Trump de utilizar fondos destinados a infraestructura y seguridad como herramienta para forzar la cooperación en deportaciones masivas ha sido calificada por California como una violación a la ley y un abuso de poder.

Estas demandas forman parte de una serie de enfrentamientos legales entre California y la administración Trump, que incluyen también litigios relacionados con aranceles comerciales impuestos por el expresidente, los cuales han afectado la economía del estado, una de las más grandes del mundo.

La oposición de California a estas medidas se basa en que muchas de las acciones ejecutivas de Trump exceden sus facultades y perjudican tanto a la población como a la economía local