En México persiste una preocupación creciente por la operación de clínicas y consultorios irregulares, muchos de ellos dedicados a procedimientos estéticos sin contar con licencias, certificaciones o supervisión sanitaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha señalado que este tipo de establecimientos representa "una de las principales amenazas a la salud pública", debido a la falta de controles, personal especializado y condiciones adecuadas de atención.
Entre 2022 y la primera mitad de 2024, COFEPRIS clausuró al menos 97 clínicas clandestinas por irregularidades relacionadas con permisos, insumos vencidos y prácticas médicas sin autorización. La situación no es aislada: en estados como Oaxaca, sólo 38 de 164 unidades revisadas contaban con licencia para operar, un ejemplo claro de la informalidad que persiste en el sector.
El debate se intensificó tras el caso de Paloma Nicole en Durango, la adolescente de 14 años que perdió la vida luego de someterse a una cirugía estética en una clínica privada. La investigación reveló presuntas anomalías en el procedimiento y en la operación del establecimiento, lo que volvió a poner bajo la lupa la urgencia de reforzar la regulación sanitaria, especialmente en procedimientos estéticos y en la atención a menores de edad.
En este contexto, Durango ya implementó la llamada Ley Nicole, una reforma que endurece los requisitos para autorizar cirugías estéticas en menores y obliga a garantizar entornos seguros, transparentes y regulados. Su entrada en vigor se ha interpretado como un paso importante para cerrar vacíos legales y prevenir tragedias similares.
Sin embargo, organizaciones médicas insisten en que el reto aún es amplio. Mientras existan clínicas que operen sin certificación y sin supervisión sanitaria, la salud de miles de personas seguirá en riesgo. La regulación, coinciden, debe avanzar al mismo ritmo que la demanda de procedimientos estéticos en el país, y la vigilancia debe ser constante, no reactiva.