El sector de la construcción en Durango enfrenta una grave problemática de competencia desleal, donde trabajadores informales que ofrecen precios bajos afectan directamente a las empresas establecidas que cumplen con todas las regulaciones. Esta situación se ha agravado en los últimos cinco años debido a la falta de regulación en los precios del transporte de materiales, lo que genera un desequilibrio económico en el mercado. Mientras las empresas formales deben asumir costos por impuestos, seguridad social y cumplimiento de normas, los informales operan sin estas cargas, ofreciendo tarifas más bajas que distorsionan el mercado.
La informalidad laboral en el sector construcción alcanza niveles alarmantes. A nivel nacional, el 81.3% de los trabajadores en construcción y extracción laboran en la informalidad, cifra que se eleva al 90.3% entre albañiles y oficios similares. Durango no es la excepción: en el cuarto trimestre de 2024 registró una tasa de informalidad del 50.7%, equivalente a 396 mil personas, aunque esta cifra bajó levemente a 46.2% (389,928 personas) en el primer trimestre de 2025. Estos trabajadores informales carecen de acceso a seguridad social, pensiones y demás beneficios laborales, lo que impacta negativamente en su calidad de vida y estabilidad económica.
El problema se extiende también al transporte de materiales, donde la ausencia de tarifas reguladas ha creado un mercado caótico. "No hay precios justos por el servicio", denuncian transportistas formales, quienes deben competir con operadores que no cumplen con los requisitos legales básicos. Esta situación no solo perjudica a las empresas establecidas, sino que genera condiciones laborales precarias para los trabajadores del sector, muchos de los cuales carecen de protección social y laboral.
Con aproximadamente 18,000 empleos directos, la industria de la construcción es una de las principales fuentes de trabajo en Durango. Sin embargo, la falta de regulación en tarifas y condiciones laborales está generando un círculo vicioso de informalidad que afecta a toda la cadena productiva. Mientras no se implementen políticas claras que nivelen el campo de juego entre formales e informales, y se establezcan mecanismos efectivos de supervisión, el sector seguirá enfrentando estas desigualdades que terminan perjudicando tanto a los trabajadores como a las empresas comprometidas con la legalidad.
Urge que autoridades, empresarios y trabajadores encuentren soluciones conjuntas para regularizar el sector, establecer tarifas justas y garantizar condiciones laborales dignas. Solo así se podrá construir un mercado más equitativo que beneficie a todos los actores involucrados en esta importante actividad económica para Durango.