Comuneros duranguenses afectados por incumplimiento en pagos de fideicomiso forestal
El Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Forestal Sustentable de Durango, creado en 2024 con una inversión inicial de 13 millones de pesos para 31 proyectos en 10 municipios, enfrenta serias dificultades para cumplir con sus compromisos. A pesar de ser el único fondo estatal de este tipo activo en México, actualmente mantiene adeudos con 110 productores forestales organizados en 11 grupos de los municipios de Mezquital, Nombre de Dios, Otáez, Canatlán, San Dimas y Pueblo Nuevo.
La situación se originó tras una convocatoria pública lanzada en abril de 2024 que recibió 77 propuestas, de las cuales se seleccionaron 50 proyectos enfocados en reforestación, restauración de cuencas, sanidad forestal y manejo de plagas. Sin embargo, la drástica reducción del 39.4% al presupuesto federal de SEMARNAT para 2025 afectó directamente la capacidad del gobierno estatal para cumplir con los pagos comprometidos a los comuneros que ya habían ejecutado trabajos ambientales.
"Lamentablemente los recursos no llegaron a quienes ya realizaron los trabajos", señaló un representante de los productores afectados. Las familias de los 110 comuneros directos, más cientos de personas que dependen indirectamente de estos proyectos, enfrentan ahora serias dificultades económicas. Los municipios más afectados son aquellos con mayor vocación forestal, donde estas actividades representan la principal fuente de ingresos para comunidades enteras.
Ante la falta de recursos federales, el gobierno estatal se ha visto obligado a buscar alternativas de financiamiento, incluyendo alianzas internacionales y esquemas de autofinanciamiento. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado una solución concreta a los adeudos pendientes, poniendo en riesgo la continuidad de los programas de conservación y el sustento de las familias que dependen de ellos.
Este fideicomiso, que originalmente representaba un modelo innovador de gestión forestal sustentable, ahora enfrenta el desafío de mantenerse operativo sin el apoyo presupuestal federal. Los comuneros afectados exigen respuestas claras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, mientras las autoridades estatales buscan alternativas para rescatar este importante instrumento de desarrollo ambiental y social.
La situación evidencia la vulnerabilidad de los programas ambientales ante los recortes presupuestales y la necesidad de crear mecanismos más estables de financiamiento para el sector forestal. Mientras tanto, la sostenibilidad de los bosques duranguenses y el sustento de cientos de familias penden de un hilo, a la espera de una solución que garantice tanto la conservación ambiental como la justicia social para quienes cuidan estos ecosistemas.
