Confirman salida del delegado de Bienestar en Durango, Jonathan Jardines

La Secretaría de Bienestar confirmó este viernes la salida de su delegado en Durango, Jonathan Jardines Fraire, luego de meses de tensiones internas y cuestionamientos públicos sobre su gestión al frente de la dependencia.

La vocera de Bienestar Federal, Norma Huízar, informó que Jardines presentó su renuncia el 15 de agosto, con lo cual concluye un periodo marcado por conflictos laborales y acusaciones de uso político de la estructura institucional.

El nombre de Jardines Fraire se colocó en el centro de la controversia previo a las elecciones del 2 de junio, cuando se difundió un audio en el que presuntamente presionaba a trabajadores de la Delegación para operar a favor de su movimiento político. El hecho generó críticas de actores sociales y políticos que demandaron una investigación sobre la utilización de recursos públicos con fines electorales.

Tras este episodio, la situación dentro de la Delegación se tensó aún más. Jardines emprendió despidos de personal, lo que derivó en una protesta sostenida por más de 60 ex empleados, quienes durante semanas bloquearon el acceso a las oficinas de la dependencia en la capital del estado. Los manifestantes exigieron su reinstalación y denunciaron arbitrariedades en los procesos de separación laboral.

El conflicto laboral se mantuvo abierto y sin resolución definitiva hasta la confirmación de su salida. La Secretaría de Bienestar no detalló si se emprenderán investigaciones administrativas o legales en torno a las acusaciones, ni quién asumirá de manera formal la representación federal en Durango.

Mientras tanto, las oficinas de la Delegación continúan operando con normalidad en los programas de pensiones y apoyos sociales, aunque el relevo en la titularidad genera incertidumbre sobre la continuidad de los procesos administrativos y la atención a beneficiarios.

Con la salida de Jardines, se abre una nueva etapa en la Delegación de Bienestar en Durango, que deberá enfrentar los pendientes laborales y administrativos acumulados durante los últimos meses y, al mismo tiempo, mantener el funcionamiento de los programas federales en uno de los estados con mayor número de beneficiarios en el norte del país.