El Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) resolvió que el alcalde de Mapimí, Fernando Reverte Granados, incurrió en violencia política en razón de género contra la síndica municipal. La sentencia establece que el edil será inscrito en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante seis meses, lo que lo coloca en la lista de funcionarios con restricciones legales y políticas.
El fallo se sustenta en el análisis de testimonios y un dictamen pericial en psicología, con los que se acreditaron actos de violencia psicológica y simbólica. De acuerdo con el TEED, estas conductas generaron un entorno hostil que limitó el ejercicio pleno de las funciones de la denunciante, afectando directamente su desempeño como autoridad municipal.
Ante ello, el Pleno del tribunal confirmó la existencia de violencia psicológica y simbólica cometida por el alcalde. También ordenó la continuidad de las medidas de protección dictadas previamente por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), con el fin de salvaguardar la integridad de la síndica y garantizar que pueda ejercer su cargo sin presiones.
La resolución contempla medidas de reparación y de no repetición que deberá acatar el presidente municipal, así como la obligación de cumplir con acciones que corrijan las prácticas que dieron origen a la sanción. Además, el tribunal dio vista al Congreso del Estado para que analice e imponga la sanción adicional que considere procedente conforme a la normatividad vigente.
El caso marca un precedente en la entidad al señalar que la violencia política no solo se refleja en agresiones directas, sino también en prácticas que buscan desacreditar o limitar la participación de las mujeres en cargos de elección. Con esta resolución, el TEED envía un mensaje a las autoridades municipales y estatales sobre la responsabilidad de generar entornos de trabajo libres de violencia y discriminación.
La inscripción del alcalde en el registro nacional lo inhabilita temporalmente para ocupar cargos de designación o candidatura, lo que representa un impacto directo en su carrera política y obliga a revisar la relación institucional dentro del Ayuntamiento de Mapimí.