Congreso aprueba 23 Leyes de Ingresos: Alanís Herrera

El Congreso del Estado aprobó las Leyes de Ingresos de 23 municipios, con lo que se supera cualquier señal de revanchismo político en el proceso de revisión y validación de estos ordenamientos, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera.

El legislador señaló que la fracción parlamentaria del PRI mantuvo una postura de responsabilidad durante la discusión y reiteró que no someterá a los habitantes de la capital ni de otros municipios a escenarios de confrontación que no tienen fundamento. Subrayó que el objetivo central es garantizar que las administraciones municipales cuenten con los instrumentos normativos necesarios para operar con certeza financiera el próximo año.

Alanís Herrera destacó que, más allá del debate político, lo que debe prevalecer es que las obras, programas y servicios lleguen a todas las demarcaciones. Recordó que el análisis de las iniciativas de ingresos implica revisar no solo el comportamiento financiero de cada municipio, sino también la eficiencia en la prestación de servicios básicos, entre ellos el abastecimiento de agua, donde insistió en la necesidad de generar ahorros y mejorar procesos.

Agregó que el Congreso continuará trabajando en un diálogo institucional que permita atender las necesidades de cada municipio, siempre con la premisa de que las decisiones legislativas deben impactar de manera directa en la calidad de vida de la población.

Mapimí enfrenta rezagos en entrega-recepción

En cuanto al municipio de Mapimí, Alanís Herrera informó que la administración anterior no ha concluido el proceso de entrega-recepción, lo que mantiene pendiente la revisión formal de su situación financiera y administrativa. Indicó que, ante este escenario, corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo las indagatorias necesarias y, de existir irregularidades, la Fiscalía Anticorrupción deberá intervenir conforme lo establecen los procedimientos legales.

El presidente de la JUGOCOPO consideró que este caso representa el reto más complejo dentro del paquete municipal, pero confió en que las instituciones de fiscalización actuarán con rigor y transparencia para esclarecer cualquier posible responsabilidad.