En el Congreso del Estado se reactivó el análisis de 15 iniciativas relacionadas con la atención a personas con discapacidad. Las propuestas, que permanecieron sin avance desde la legislatura pasada, comenzaron a revisarse en mesas de trabajo que incluyen a organizaciones civiles, académicos, autoridades y ciudadanos.
La diputada Cynthia Hernández Quiñones informó que los proyectos buscan actualizarse y fortalecerse con la participación de los sectores involucrados. Explicó que el objetivo es garantizar que las reformas respondan a necesidades reales y no se queden en planteamientos aislados.
Los temas que abarcan las iniciativas incluyen servicios de atención y cuidados, comunicación accesible, educación especializada y atención al espectro autista. De acuerdo con la legisladora, abrir espacios de consulta es indispensable para que las propuestas no se limiten a una visión legislativa, sino que incorporen experiencias de quienes enfrentan estas condiciones en la vida cotidiana.
En los trabajos también participan los diputados Gabriela Vázquez Chacón, Martín Vivanco y Alejandro Mata, quienes coincidieron en la importancia de escuchar directamente a las personas con discapacidad. Señalaron que la meta es llevar al pleno un paquete de reformas que refleje esa voz y que pueda convertirse en un marco sólido para el diseño de políticas públicas incluyentes.
Los legisladores destacaron que en Durango persisten rezagos en materia de accesibilidad urbana, atención médica, programas de apoyo y oportunidades educativas. Reconocieron que, aunque se han impulsado acciones desde distintos niveles de gobierno, el avance ha sido lento y fragmentado.
Las mesas de trabajo continuarán en los próximos días con la integración de propuestas técnicas y la revisión de marcos normativos federales, con el fin de homologar criterios y evitar duplicidades. Posteriormente, se prevé que las comisiones legislativas correspondientes dictaminen los proyectos para su eventual discusión en el pleno.
El Congreso subrayó que este proceso no solo busca aprobar reformas legales, sino también generar un compromiso institucional para que las políticas dirigidas a la población con discapacidad sean evaluadas y aplicadas de manera efectiva.