Constructores afirman es viable las viviendas del bienestar para Durango

En febrero de 2025, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el gobierno de Durango firmaron un convenio para implementar el Programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 5,800 viviendas a través de Infonavit, 5,400 mediante la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la regularización de 15,000 escrituras por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Este ambicioso proyecto busca beneficiar a miles de familias en situación vulnerable en todo el estado.

Sin embargo, la implementación del programa ha encontrado resistencia en algunas comunidades, particularmente en el fraccionamiento Acereros, donde vecinos se oponen a la construcción de nuevas unidades. Los residentes argumentan que el terreno destinado para 400 viviendas verticales, donado por el municipio en mayo de 2025, estaba originalmente contemplado para áreas verdes y deportivas. Además, señalan que problemas históricos de infraestructura y servicios en la zona, que llevan más de 30 años sin resolverse, deberían atenderse antes de iniciar nuevos desarrollos habitacionales.

Profesionales de la construcción confirmaron la factibilidad técnica y social del proyecto de Viviendas para el Bienestar en Durango. Destacaron que el desarrollo, que beneficiará a miles de familias, cumple con estándares de calidad y atiende necesidades habitacionales urgentes. El programa, respaldado por SEDATU y gobierno estatal, avanza conforme a lo planeado para su ejecución durante 2025.

Actualmente, Durango tiene 29 proyectos habitacionales en proceso, incluyendo dos de vivienda vertical, lo que representa un cambio significativo en el modelo de desarrollo urbano del estado. Las autoridades destacan que estas iniciativas no solo brindarán hogares dignos a familias necesitadas, sino que también promoverán la formalización del sector y un crecimiento urbano más ordenado.

El conflicto en el fraccionamiento Acereros ejemplifica los desafíos que enfrenta la política habitacional al equilibrar la necesidad de vivienda accesible con las demandas de comunidades establecidas. Mientras el gobierno insiste en los beneficios sociales del programa, los vecinos exigen mayor participación en las decisiones que afectan su entorno y calidad de vida.

Este caso pone en evidencia la complejidad de implementar proyectos de desarrollo urbano que satisfagan tanto las necesidades de vivienda como las expectativas de las comunidades receptoras, requiriendo mayor diálogo y planeación integral para lograr soluciones sostenibles y socialmente aceptadas.