Un grupo de siete empresas constructoras de Durango busca competir por uno de los proyectos de infraestructura hidráulica más relevantes en el estado: la presa Tunal II.
Francisco Salazar, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango, confirmó que se está conformando un consorcio integrado exclusivamente por constructoras locales, con la intención de presentar una propuesta conjunta en la licitación federal del proyecto.
La iniciativa surge ante la preocupación del sector por la constante exclusión de empresas duranguenses en obras públicas de gran escala. Aunque muchas de estas compañías han trabajado en proyectos carreteros, de urbanización y de infraestructura hidráulica, con experiencia comprobada, han sido relegadas en licitaciones que terminan favoreciendo a empresas foráneas o grandes consorcios nacionales.
Salazar detalló que la formación del consorcio responde a la magnitud del proyecto y a la necesidad de cumplir con los requisitos técnicos, financieros y operativos que establece la convocatoria federal. "Las empresas tienen capacidad técnica y maquinaria suficiente. Lo que buscamos es sumar fortalezas para estar en condiciones reales de competir", dijo.
Aunque todavía no se publica la convocatoria formal de la obra, las constructoras locales ya han sostenido reuniones con autoridades y representantes técnicos para anticipar requerimientos y establecer una propuesta sólida. Además, han iniciado un proceso de integración legal y administrativa para que el consorcio cumpla con las normativas exigidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad responsable del proyecto.
La presa Tunal II ha sido señalada como una obra clave para el abasto de agua potable en la zona metropolitana de Durango, con una inversión estimada superior a los tres mil millones de pesos. La expectativa del sector es que se garantice un proceso de licitación transparente, donde las propuestas locales sean evaluadas con criterios técnicos y no desplazadas por influencias externas o intereses políticos.
Constructores organizados consideran que su participación no solo representa una oportunidad económica para el estado, sino también una forma de asegurar que los recursos públicos se queden en la región y se generen empleos en el sector.