Coparmex llama a proteger la MiPyMEs en el país

La aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un paso necesario frente a un delito que afecta la seguridad pública, la actividad productiva y la estabilidad social, afirmó el presidente de la Coparmex Durango, Francisco Esparza Martell.

El representante empresarial señaló que, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, se ha insistido en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y homogéneo para contener la expansión de la extorsión, delito que golpea con especial fuerza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

La nueva legislación,  dijo responde a una demanda ciudadana y del sector productivo para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Su objetivo es articular una respuesta uniforme ante una práctica que deteriora la actividad económica, inhibe inversiones y vulnera a familias y comunidades completas.

Esparza Martell subrayó que la magnitud del problema es evidente. Sin considerar la cifra negra de 97 por ciento de casos que no se denuncian por miedo o desconfianza, los registros oficiales muestran que 31.3 personas al día acuden a reportar haber sido víctimas de extorsión. Tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos, monto calculado a partir de los pagos y gastos asociados reportados por las víctimas en general, conforme a la metodología de la ENVIPE.

El dirigente empresarial destacó que estas cifras no incluyen daños específicos al sector productivo, aunque reconoció que las afectaciones a comercios y MiPyMEs son particularmente severas, tanto por la presión de los grupos delictivos como por los costos indirectos en operación, logística y seguridad.

Añadió que la aprobación de la Ley es un punto de partida, no un cierre. Será necesario vigilar su correcta implementación y asegurar que las autoridades cuenten con las capacidades para investigar y sancionar, mientras el sector privado mantiene su colaboración para reducir la incidencia de un delito que frena el desarrollo económico del país.