Con el propósito de garantizar que las personas con discapacidad sean escuchadas y participen directamente en las decisiones que involucran sus derechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango impulsa la conformación y el fortalecimiento de los comités técnicos de consulta y monitoreo, tanto en la capital como en la región Laguna. Karla Obregón, presidenta del organismo, destacó que estos espacios buscan que las personas con discapacidad dejen de ser únicamente receptoras de programas y acciones gubernamentales y se conviertan en participantes activas en la construcción de políticas públicas que respondan a sus necesidades.
Explicó que la creación de estos comités deriva de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala la importancia de consultar e involucrar a este sector en las decisiones y medidas que adopten las autoridades.
Buscan integrar la participación de este sector
Obregón señaló que actualmente se cuenta con un comité en Durango y otro en la región Laguna, cuyos integrantes han trabajado de manera permanente. La intención es que estos organismos funcionen como espacios de consulta, participación y seguimiento, donde las personas con discapacidad puedan expresar sus inquietudes, plantear necesidades y contribuir a definir las acciones que deben emprender las instituciones.
Indicó que uno de los principales objetivos es que las autoridades consideren las distintas condiciones de discapacidad al momento de diseñar políticas públicas, evitando que las decisiones se tomen sin conocer directamente las dificultades que enfrenta este sector.
La presidenta de la Comisión destacó que el trabajo de estos comités debe contribuir a que las personas con discapacidad tengan una participación real en los asuntos públicos, pues las barreras que enfrentan no son exclusivamente físicas, sino también administrativas y sociales.
La consulta debe traducirse en cambios institucionales
Como parte de los antecedentes del trabajo de la Comisión en favor de este sector, mencionó la recomendación emitida durante este año por un caso de discriminación en Recaudación de Rentas, donde una persona con discapacidad visual denunció que recibió un trato desigual al solicitar placas para personas con discapacidad.

Explicó que anteriormente este beneficio se otorgaba bajo criterios que contemplaban principalmente a familiares directos de personas con discapacidad motriz, dejando fuera a quienes presentaban otras condiciones.
Recordó que desde 2022, en coordinación con el Consejo Ciudadano Estatal, encabezado por el ingeniero Jorge Mojica Vargas, se realizaron gestiones ante la Procuraduría Fiscal, cuando se encontraba al frente el licenciado Aspincueta, para ampliar la entrega de placas a familiares o tutores de personas con diferentes tipos de discapacidad.
Sin embargo, posteriormente continuaron las prácticas discriminatorias, por lo que una persona con discapacidad visual presentó una queja formal. El procedimiento derivó en una recomendación que fue confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de recibir un recurso de inconformidad.
La resolución establece que las placas deben otorgarse bajo criterios de igualdad a familiares directos o tutores de personas con cualquier tipo de discapacidad, siempre que cumplan los requisitos, incluyendo a personas con autismo. Este último sector también había expuesto las dificultades que enfrentan sus familias para trasladar a sus hijos a instituciones educativas y acceder a espacios de estacionamiento.
También trabajan en eliminar barreras de comunicación
Obregón agregó que la Comisión ya cuenta con un traductor de Lengua de Señas Mexicana, servicio que incluso se facilita a otras instituciones educativas para mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva.
Finalmente, reconoció el trabajo conjunto con la Secretaría de Bienestar del Estado, particularmente en las acciones relacionadas con organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad.
Reiteró la importancia de respaldar el funcionamiento de los comités de consulta, pues su propósito es que las personas con discapacidad tengan voz en las decisiones gubernamentales y que sus propuestas sean consideradas al momento de establecer programas, servicios y políticas públicas.