En Durango, un número creciente de ciudadanos se enfrenta a una situación de profunda incertidumbre y potencial despojo debido a conflictos legales en la compra de terrenos y viviendas. El problema central que afecta a personas como Alberto y sus vecinos de la colonia Cielo Azul es la disputa sobre la propiedad y el valor real de los predios que adquirieron hace años, lo que los sitúa en un limbo jurídico donde no saben si son víctimas de un fraude deliberado o de un mero incumplimiento contractual. Esta distinción legal es crucial, pues mientras el fraude implica una intención maliciosa de engañar para obtener un beneficio económico ilícito, el incumplimiento puede deberse a fallos administrativos o problemas de ejecución sin que medie necesariamente un delito, aunque las consecuencias para los compradores pueden ser igualmente devastadoras.
Quienes sufren las consecuencias de esta problemática son familias enteras que, con mucho esfuerzo, invirtieron sus ahorros en la adquisición de un terreno que consideraban una garantía para su futuro. Alberto, por ejemplo, compró varios predios hace quince años a un precio que en su momento era accesible, solo para ser notificado tres años atrás que el monto que pagó no corresponde al valor real de las propiedades. Estos ciudadanos, muchos de ellos de escasos recursos, se ven ahora inmersos en largas y costosas disputas legales que ponen en riesgo su patrimonio y su estabilidad emocional.
La forma en que se desarrollan estos casos suele comenzar con una transacción que parece normal. Los compradores firman contratos de compra-venta, often con desarrolladores o intermediarios, y realizan los pagos correspondientes. Sin embargo, el problema surge años después, cuando descubren inconsistencias en la titularidad legal, discrepancies en los precios registrados, o cuando se les exige pagos adicionales imprevistos para regularizar su situación. La falta de claridad en la documentación y la ausencia de una escrituración inmediata y formal son factores comunes que agravan el conflicto.
El momento crítico para muchas de estas familias se presenta años después de la compra inicial, cuando creían que su inversión estaba segura. En el caso de Alberto y sus vecinos, la notificación que recibieron hace tres años marcó el inicio de un calvario legal que se prolonga hasta hoy. Lamentablemente, esta situación no es aislada ni del pasado; en Durango es cada vez más frecuente que los contratos de compra-venta se vean afectados por algún problema legal, indicando una tendencia preocupante en el mercado inmobiliario local.
El lugar donde se concentran estos casos abarca diversas colonias de la ciudad, siendo la colonia Cielo Azul un ejemplo documentado. Sin embargo, el fenómeno parece extenderse por diferentes desarrollos habitacionales, particularly en zonas donde la urbanización se ha expandido rápidamente sin la suficiente supervisión legal. Frente a esta realidad, la recomendación unánime de los expertos es acudir con un abogado para recibir asesoramiento específico sobre cada caso. Más importante aún, sugieren que, antes de adquirir cualquier propiedad, los potenciales compradores deben acudir a la Oficina del Registro Público de la Propiedad para verificar el estado legal del inmueble, confirmar la identidad del vendedor y asegurarse de que no existan gravámenes o disputas sobre el terreno. Esta verificación previa, aunque no elimina todos los riesgos, constituye la herramienta más efectiva para prevenir futuros conflictos y proteger el patrimonio de las familias duranguenses.