Crecen las denuncias por corrupción; casos judicializados van en aumento

En Durango, la corrupción sigue dejando consecuencias tangibles: casi 145 millones de pesos en daños a las víctimas han sido reparados durante los últimos años, mientras servidores públicos y particulares enfrentan procesos judiciales por diversas irregularidades. Este panorama evidencia que los casos denunciados no solo se registran, sino que se investigan y, en muchos casos, se resuelven mediante sentencias o acuerdos reparatorios.

Durante este periodo se iniciaron 634 carpetas de investigación, un 32.6 por ciento más que el año anterior, elevando el total histórico a 2,073 casos. De estas carpetas, 105 fueron judicializadas en los distintos juzgados penales del estado. Asimismo, 332 servidores públicos y 22 particulares repararon el daño, ya sea mediante acuerdos reparatorios o sentencias condenatorias, incluyendo un caso destacado de un particular condenado a 16 años de prisión. Este año también se otorgaron 44 suspensiones condicionales, cuatro acuerdos reparatorios en sede judicial y 212 acuerdos reparatorios en sede ministerial, sumando un total histórico de 72 sentencias condenatorias.

Entre los delitos con mayor incidencia se encuentran el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público con un 24 por ciento; el cohecho, con 17 por ciento; el uso ilegal de la fuerza pública y abuso de autoridad, también con 17 por ciento; el peculado, con 15 por ciento; y los delitos contra la adecuada impartición de justicia, con 8 por ciento. Durante este periodo fueron detenidas 29 personas, entre ex servidores públicos y particulares, de las cuales dos lo fueron en flagrancia.

La Fiscalía cuenta además con un área especializada en mecanismos alternos de solución de controversias, que ha atendido a 234 servidores públicos y particulares, permitiendo acuerdos fuera del juicio. Entre otros avances, se recuperaron recursos sustraídos, se desarticularon redes de corrupción y se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que atendió 69 asuntos, de los cuales 56 fueron solicitudes de colaboración de otros estados.

stas cifras muestran que, en Durango, la corrupción y los delitos cometidos por servidores públicos continúan siendo un problema tangible, pero que existe seguimiento judicial y mecanismos de reparación que mantienen activa la investigación y el control del delito.