La agricultura en Durango atraviesa una etapa crítica que amenaza su sostenibilidad y el futuro productivo del estado. Esta actividad, considerada la base de la economía rural y de la seguridad alimentaria, representa el 8.5% del Producto Interno Bruto estatal y emplea de manera directa a 180 mil personas, lo que equivale al 22% de la población económicamente activa en el sector rural. Es además la principal fuente de ingreso en 32 de los 39 municipios de la entidad, lo que la convierte en un eje estratégico para el desarrollo regional. Sin embargo, los retos que enfrenta son cada vez más complejos. En 2023 se sembraron 1.2 millones de hectáreas, pero solo se cosecharon 950 mil, lo que dejó un saldo de pérdidas considerables. Entre las causas más graves destacan la sequía extrema, responsable del 45% de los daños, las heladas tardías que afectaron un 30% de la producción, las plagas que ocasionaron un 15% de pérdidas y, de manera alarmante, el abandono de tierras por violencia y extorsiones, que representa un 10%. Esto refleja un campo vulnerable ante fenómenos naturales, sociales y económicos que limitan su productividad. De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria, en 2023 se contabilizaron 150 mil hectáreas abandonadas en Durango, lo que evidencia una crisis estructural que va más allá de las condiciones climáticas. La falta de apoyos públicos, la baja rentabilidad y la inseguridad en el campo han llevado a miles de familias a dejar sus tierras, mientras que la migración se suma como un factor que agrava la problemática. Cada año, la población rural disminuye alrededor de un 5%, y se estima que 6 de cada 10 jóvenes emigran a Estados Unidos o a grandes ciudades en busca de empleo, reduciendo la fuerza laboral agrícola e incrementando el riesgo de que más terrenos productivos queden sin trabajar. Frente a este panorama, el gobierno federal busca alternativas de apoyo. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con los gobernadores de Durango, Sonora y Coahuila, donde se acordó la implementación de un plan de respaldo al sector ganadero como parte del Plan México, luego del cierre temporal de la frontera por la detección del gusano barrenador. Aunque esta medida representa un respiro parcial para el campo nacional y estatal, los productores insisten en que se requieren políticas más amplias que atiendan de manera integral los problemas de sequía, violencia, financiamiento y comercialización. El panorama muestra que la agricultura en Durango, motor de vida para miles de familias, enfrenta una presión creciente que demanda respuestas inmediatas y coordinadas para evitar un colapso en la producción de alimentos y en la estabilidad social de las comunidades rurales.