En Durango, el acoso escolar ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis silenciosa que afecta a miles de estudiantes, tal como lo demuestra un reciente y grave caso ocurrido en una primaria de la capital, donde tres menores agredieron sexualmente a un cuarto compañero. Este incidente, que obligó a la Secretaría de Educación a actuar de inmediato, es solo la punta visible de un iceberg mucho más profundo y preocupante. La verdadera magnitud del fenómeno se oculta tras una abismal cifra negra que, según estimaciones basadas en estudios de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, supera el 90%, lo que significa que por cada caso de bullying oficialmente reportado en el estado, existen aproximadamente nueve que nunca salen a la luz.
Quienes sufren las consecuencias de esta epidemia de violencia son los niños y adolescentes que asisten a escuelas primarias y secundarias en toda la entidad. Se calcula que, durante 2025, la problemática real podría estar afectando a más de mil doscientos estudiantes. Estos alumnos enfrentan diariamente un hostigamiento que ha evolucionado significativamente: mientras que entre 2021 y 2022 el acoso era predominantemente físico y verbal, de 2023 a la fecha ha migrado masivamente a las redes sociales, donde el ciberbullying se propaga de manera más insidiosa y difícil de detectar para padres y maestros.
La forma en que se manifiesta el acoso en la actualidad es a través de pantallas, lo que permite que la agresión trascienda los muros de la escuela y persiga a las víctimas en su hogar, generando un trauma constante. Esta modalidad digital ha incrementado la gravedad de las consecuencias, observándose en las víctimas cuadros de ansiedad, depresión y conductas autolesivas que antes no eran tan frecuentes. Los protocolos de actuación, aunque existen en el papel, se muestran insuficientes y enfrentan serios desafíos para su aplicación efectiva, dejando a los estudiantes desprotegidos.
El momento en que esta situación se ha vuelto más crítica es en el presente año, con casos de extrema violencia que han salido a la luz pública, como la agresión en la primaria "Ignacio Allende" de Villas del Guadiana IV a mediados de junio, donde un alumno terminó hospitalizado y requirió cirugía, y la escuela optó por no emitir declaraciones. Estos eventos demuestran un patrón recurrente de gravedad y una tendencia al ocultamiento.
El lugar donde se desarrolla esta problemática es el sistema educativo duranguense en su conjunto, con casos documentados en la capital y seguramente replicados en municipios aledaños. Las escuelas, lejos de ser espacios seguros, se han convertido en escenarios donde la violencia entre pares se normaliza, mientras que el entorno digital amplifica el daño. La falta de denuncia no significa la ausencia del problema; por el contrario, refleja el miedo, la desconfianza en los mecanismos de reportar y la insuficiente capacidad de las instituciones para crear entornos donde los niños se sientan seguros para hablar. Urge una estrategia integral que combine la detección temprana, la educación socioemocional y la supervisión responsable del mundo digital para proteger el bienestar de la infancia y la juventud duranguense.