El sistema de salud en Durango enfrenta una crisis profunda y extendida que pone en riesgo la vida de miles de pacientes: un desabasto generalizado y crítico de medicamentos esenciales. Este problema, que ha alcanzado su punto más álgido en 2025, no es un evento aislado sino la culminación de una falla estructural que se ha venido agravando durante los últimos cinco años. La falta de fármacos afecta de manera transversal a todas las instituciones, incluyendo el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud estatal, revelando una fractura sistémica en el mecanismo de suministro que depende mayoritariamente del gobierno federal.
Quienes sufren las consecuencias más graves de esta situación son los pacientes crónicos y los adultos mayores, como la señora Elena, quienes ven interrumpidos sus tratamientos de manera recurrente. Personas con enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión arterial y VIH/SIDA se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Para ellos, la falta de un medicamento no es una simple molestia, sino una amenaza directa a su salud y estabilidad. La interrupción de quimioterapias, la falta de metformina para diabéticos o de losartán para hipertensos, así como la discontinuidad en los antirretrovirales, genera descompensaciones peligrosas, promueve la resistencia viral y satura los servicios hospitalarios con emergencias que podrían prevenirse.
La forma en que se manifiesta esta crisis es a través de la falta persistente de stock en las farmacias de los hospitales y centros de salud. Pacientes que acuden a surtir sus recetas se encuentran sistemáticamente con la negativa: el medicamento no está disponible. Este problema es particularmente agudo en unidades médicas de referencia como el Hospital General de Durango "Dr. Santiago Ramón y Cajal" del ISSSTE. La escasez abarca desde medicamentos para condiciones crónicas hasta antibióticos y psicofármacos, afectando el tratamiento de infecciones y trastornos de salud mental, y generando un ciclo de desesperación e incertidumbre entre los enfermos y sus familias.
El momento en que este desabasto se ha vuelto crítico es a lo largo de 2025, aunque se trata de un problema arrastrado desde hace un lustro. Los pacientes reportan que desde hace meses batallan para conseguir sus medicamentos, viéndose forzados a visitar múltiples farmacias o a realizar gastos catastróficos para adquirirlos en el sector privado, una opción que no está al alcance de la mayoría de la población que depende de los servicios públicos de salud.
La responsabilidad central de este fracaso recae en el modelo federal de compras consolidadas, donde la adquisición de medicamentos se centraliza, dejando a las autoridades estatales con un margen de acción limitado para la gestión y a las municipales prácticamente fuera de cualquier solución. Esta crisis no es solo un tema logístico o administrativo; es una falla humanitaria que evidencia la deuda del Estado con su obligación de garantizar el derecho a la salud. La solución requiere de una revisión urgente del modelo de abasto, una mayor transparencia en los procesos de compra y la implementación de mecanismos eficaces de emergencia para evitar que más pacientes vean deteriorarse su salud por la falta de un tratamiento que, en muchos casos, es literalmente un asunto de vida o muerte.