Cuestionan cámaras privadas en espacios públicos

El diputado local Ernesto Alanís Herrera se pronunció sobre el retiro de cámaras de videovigilancia de origen particular instalado en espacios públicos, acción realizada el mes pasado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Señaló que si bien existe legislación vigente para la vigilancia oficial en espacios públicos, las cámaras instaladas por particulares requieren revisión.

El legislador explicó que cuando se trata de cámaras del sistema oficial, existe una normatividad clara sobre su uso, operación y objetivos. Sin embargo, en el caso de equipos instalados por personas o empresas privadas, en espacios donde transita la ciudadanía, debe analizarse si realmente cumplen con un interés legítimo o si representan una posible violación a la privacidad.

Alanís indicó que la existencia de estos dispositivos debe estar sujeta a criterios que permitan distinguir entre vigilancia con fines de seguridad privada en propiedad particular, y vigilancia no autorizada en espacios públicos o zonas de tránsito común.

También comentó que si los aparatos no cuentan con registro o no están vinculados a sistemas formales de monitoreo, como el C5 o dependencias de seguridad, se corre el riesgo de que sean utilizados con fines distintos a la prevención del delito. "El punto no es retirar por retirar, sino saber qué hacen ahí y bajo qué justificación se instalaron", puntualizó.