Cuestionan falta de consenso en nueva Ley de Aguas Nacionales

La recién aprobada Ley de Aguas Nacionales avanzó sin el consenso de los productores y con foros que, según sus participantes, no cumplieron su propósito. Así lo señaló el presidente de la Federación Estatal de Pequeños Productores de Durango, Luis Caballero, quien afirmó que los encuentros organizados para escuchar a los sectores afectados resultaron poco accesibles y operativamente fallidos.

Caballero explicó que para intervenir en los foros era necesario trasladarse a la Ciudad de México y acudir con los diputados federales, o bien conectarse de manera remota. Sin embargo, detalló que muchos productores se encontraban en plena temporada de cosechas, lo que impedía su movilidad. La vía digital tampoco funcionó: las plataformas presentaron fallas constantes que frustraron la participación a distancia. "Fue un fiasco", resumió.

El dirigente agregó que la diputada duranguense de Morena, Martha Olivia García, fungió como responsable de la Región Norte en este proceso, aunque la coordinación no logró garantizar la inclusión efectiva de los productores.

Caballero señaló que, pese a las dificultades, en los últimos momentos de la discusión se tuvo noticia de modificaciones relevantes al dictamen. Entre los temas incorporados se encontraba la prohibición del acaparamiento del agua, mientras que la propuesta de permitir la transmisión de derechos de uso del recurso finalmente no prosperó.

Aun con estos ajustes, el representante de los pequeños productores aseguró que la iniciativa original era "muy estricta" y que los cambios surgieron sin una deliberación plena con quienes dependen directamente del manejo del agua para su actividad productiva.

Sostuvo que la falta de diálogo real con el campo deja pendiente una discusión de fondo sobre el uso, control y distribución del recurso, así como sobre el impacto que la nueva ley tendrá en las regiones rurales. Añadió que los productores continuarán revisando el contenido aprobado para definir los pasos a seguir y plantear alternativas que garanticen una regulación equilibrada y funcional para todos los sectores involucrados.