Dan 48 horas a Seguridad federal para responder por joven desaparecido

Un juzgado federal admitió el amparo promovido por Brenda Valenzuela Gil contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y otros mandos de la dependencia, por las presuntas omisiones en la investigación para localizar a su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido desde el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa. Con esta resolución, las autoridades federales tienen un plazo de 48 horas para rendir un informe previo ante la instancia judicial y explicar las acciones realizadas en el caso.

Deberán responder ante un juzgado federal

La admisión de la demanda representa un paso importante en la exigencia de respuestas de la familia, pues ahora el titular de Seguridad federal y su equipo deberán informar, bajo protesta de decir verdad, por qué presuntamente han omitido supervisar y ejecutar diligencias que se consideran necesarias para avanzar en la búsqueda del joven.

Además del plazo de 48 horas para presentar el informe previo, las autoridades cuentan con 15 días para entregar sus informes justificados, en los que deberán responder formalmente a los señalamientos incluidos en el recurso.

Brenda Valenzuela explicó que la intervención de la justicia federal busca que las autoridades rindan cuentas sobre su actuación y, principalmente, que dejen de postergar las acciones que podrían contribuir a encontrar a Carlos Emilio.

Buscan una orden para acelerar la búsqueda

La madre del joven señaló que, aunque inicialmente el juzgado negó la suspensión provisional solicitada, su defensa ya presentó un recurso de queja, por lo que ahora será un Tribunal Colegiado el que revise la decisión y determine si procede ordenar a la dependencia federal que actúe sin demora.

Consideró que en los casos de desaparición no hay margen para retrasos, pues cada hora y cada día cuentan cuando se desconoce el paradero de una persona. Por ello, insistió en que la búsqueda debe traducirse en acciones concretas y no quedarse únicamente en compromisos o declaraciones institucionales.

Cuestiona falta de resultados frente al discurso de seguridad

Valenzuela Gil también cuestionó que, mientras las autoridades federales presumen operativos, despliegues de seguridad y trabajos de inteligencia en Sinaloa, en el caso de su hijo continúen pendientes acciones que considera indispensables para avanzar en su localización.

Manifestó que resulta inaceptable que una madre tenga que recurrir a un juzgado federal para obligar a las autoridades responsables de la seguridad del país a explicar por qué no han cumplido con las diligencias reclamadas.

La madre hizo un llamado al Tribunal Colegiado para que resuelva a favor de su petición y permita que se dicten medidas que garanticen una actuación inmediata de la Secretaría de Seguridad.

Mientras tanto, la admisión del amparo coloca a las autoridades federales ante la obligación de responder judicialmente por los señalamientos de omisión. Para Brenda Valenzuela, el objetivo no es solamente obtener explicaciones en papel, sino conseguir que las instituciones actúen y que la búsqueda de Carlos Emilio tenga resultados.

Reiteró que no dejará de exigir respuestas ni de utilizar las herramientas legales a su alcance hasta encontrar a su hijo.