Lupita Rojas Vázquez, una mujer originaria de Durango, desapareció el 24 de octubre de 2022 y fue localizada sin vida el 31 de octubre del mismo año, en un hecho que conmocionó a la comunidad. Casi dos años después, en julio de 2024, su esposo, Ángel Zurizaday Molina Cuéllar, fue detenido en Saltillo, Coahuila, como presunto responsable de su feminicidio. Tras su captura, Molina Cuéllar fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno de Durango, donde enfrentó un proceso legal que culminó con una sentencia condenatoria. El juez lo declaró culpable del delito de feminicidio y lo sentenció a 77 años, 5 meses y 29 días de prisión, además de imponerle una multa de 157 mil pesos y el pago de 875 mil pesos como reparación del daño.
El caso de Lupita Rojas Vázquez generó una amplia repercusión en la sociedad duranguense, ya que refleja la grave problemática de violencia de género que afecta a muchas mujeres en el país. Durante el proceso judicial, las autoridades presentaron pruebas contundentes que vincularon a Ángel Zurizaday Molina Cuéllar con el feminicidio de su esposa, lo que permitió que se dictara una sentencia ejemplar. La detención del presunto feminicida en Saltillo, Coahuila, fue el resultado de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambos estados, que lograron ubicarlo y asegurarlo para que enfrentara la justicia.
La sentencia de 77 años, 5 meses y 29 días de prisión, junto con las sanciones económicas, representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio. Las autoridades han destacado que este fallo judicial no solo busca castigar al responsable, sino también enviar un mensaje claro de que los crímenes contra las mujeres no quedarán sin castigo. Además, la reparación del daño impuesta por el juez tiene como objetivo brindar un apoyo simbólico a la familia de Lupita Rojas Vázquez, quien perdió la vida en un acto de violencia que ha dejado una profunda huella en su comunidad.
El caso de Lupita Rojas Vázquez ha sido un recordatorio de la importancia de continuar trabajando en la prevención, atención y sanción de la violencia de género. Organizaciones civiles y colectivos feministas han destacado la necesidad de fortalecer las políticas públicas y los mecanismos de protección para las mujeres, así como de garantizar que los casos de feminicidio sean investigados con perspectiva de género y se imparta justicia de manera oportuna. La sentencia contra Ángel Zurizaday Molina Cuéllar es un paso importante en este camino, pero también subraya la urgencia de seguir combatiendo las causas estructurales que permiten que este tipo de crímenes sigan ocurriendo.