¿De quién es el espacio público?

En Durango, el espacio público está siendo apropiado por el comercio informal, afectando gravemente la movilidad peatonal y, sobre todo, a personas con discapacidad. En calles como 5 de Febrero, Pino Suárez y 20 de Noviembre, vendedores ambulantes obstruyen banquetas y rampas, obligando a la gente a caminar entre vehículos.

La Canacope ha denunciado que estos puestos cubren accesos diseñados para personas con discapacidad, quienes enfrentan un entorno hostil: rampas mal hechas, banquetas rotas, mercancía colgada a media altura y obstáculos constantes. Las infracciones por invadir rampas o cajones exclusivos alcanzan los $3,960 pesos, pero rara vez se aplican.

Según cifras oficiales, en Durango hay más de 330,000 personas con discapacidad. La exclusión física comienza en la calle. La Ley de Accesibilidad obliga a dejar franjas libres y construir rampas funcionales, pero en la práctica, estas normas se incumplen sistemáticamente.

¿Por qué no se ha hecho nada? La respuesta está en una mezcla de omisiones y tolerancia. Aunque inspectores municipales detectan ambulantes y levantan actas, las sanciones son mínimas y en muchos casos no se ejecutan. Solo cuando hay reincidencia retiran mercancía. Además, la Dirección de Inspección actúa con más rigor en colonias que en el Centro Histórico, donde se concentra el ambulantaje.

A eso se suma la falta de una política integral: no hay programas para formalizar a los vendedores ni apoyos reales para que accedan a seguridad social o espacios dignos. Las autoridades muchas veces justifican su inacción por "presión social" o la necesidad de ingresos de las familias, pero omiten su responsabilidad legal.

El resultado es un espacio público tomado, donde el peatón especialmente si tiene alguna discapacidad queda relegado. Y mientras eso no cambie, la calle seguirá siendo de quien la ocupe, no de quien la necesite.