Denuncian ocupación irregular de terrenos ejidales en Mexiquillo

La construcción de alrededor de 200 cabañas en terrenos de uso común del ejido La Ciudad, en el municipio de Pueblo Nuevo, ha generado preocupación entre los integrantes de esta comunidad, debido al impacto ambiental ocasionado y a la ocupación de superficies que, de acuerdo con la Ley Agraria, no pueden ser vendidas ni adquiridas por el simple paso del tiempo. Salvador González Meraz, presidente del comisariado ejidal de La Ciudad, señaló que buscan regularizar esta situación mediante acuerdos con los propietarios de las construcciones y con la intervención de las autoridades correspondientes.

Señalan afectaciones ambientales y ocupación de terrenos

González Meraz explicó que la preocupación surgió a partir del impacto ambiental negativo provocado por la construcción de las cabañas, una problemática que, aseguró, ha crecido con el paso de los años y actualmente amenaza con salirse de control.

Indicó que las distintas directivas del ejido han realizado intentos por regularizar esta situación; sin embargo, sostuvo que las personas que construyeron en esos espacios cuentan con una capacidad económica importante y han encontrado la manera de frenar las acciones emprendidas anteriormente.

Ante la imposibilidad de resolver el problema internamente, la actual directiva decidió contratar un bufete jurídico para recibir asesoría legal. Asimismo, recurrió a un despacho técnico encargado de realizar mediciones y precisiones topográficas para determinar la superficie ocupada, dimensionar los daños y establecer las acciones necesarias para atenderlos.

El presidente del comisariado ejidal señaló que las personas involucradas provienen de distintos lugares, entre ellos Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa, así como de Sonora, Nayarit, Coahuila y otras entidades.

Invocan la Ley Agraria para defender las tierras

El representante ejidal precisó que las superficies ocupadas corresponden a terrenos clasificados como de uso común, por lo que, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Agraria, no pueden ser objeto de venta, embargo ni adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo.

Explicó que, bajo estas condiciones, las personas que llevan cinco, 14 años o más ocupando esos espacios no pueden argumentar que han adquirido derechos únicamente por permanecer en ellos durante ese periodo.

González Meraz consideró que existe una ocupación irregular de terrenos que continúan perteneciendo al ejido, aunque señaló que la intención de la directiva no es actuar de manera autoritaria, sino encontrar una solución mediante el diálogo.

Aseguró que han tratado a los involucrados con cortesía, pero también con firmeza, con el propósito de que se acerquen a una mesa de negociación y se pueda alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto.

Añadió que el ejido también tiene responsabilidad en esta situación, por lo que buscan cumplir con el mandato que recibieron de sus integrantes y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales, al considerar que estos representan un patrimonio de interés colectivo.

Multa de diez millones de pesos por impacto ambiental

El presidente del comisariado ejidal señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la única autoridad que, según su versión, intervino en el lugar, aunque lo hizo para imponer una sanción al ejido por el impacto ambiental negativo generado por las construcciones.

Precisó que la multa impuesta asciende aproximadamente a 10 millones de pesos y que fue el propio ejido quien tuvo que cubrirla, debido a que los terrenos afectados legalmente continúan siendo de su propiedad.

Explicó que, ante la autoridad ambiental, los responsables de las construcciones irregulares no aparecen como propietarios de las superficies, por lo que la sanción se dirigió contra el ejido, al ser el titular de los terrenos impactados.

Además del pago económico, indicó que la resolución incluyó diversas condicionantes y trabajos para restituir las condiciones naturales de la zona, así como actividades de conservación y preservación ambiental que todavía se encuentran en proceso de cumplimiento.

Añadió que, después de la intervención de la autoridad y de que se atendiera temporalmente la sanción, las construcciones continuaron, por lo que el problema volvió a presentarse.

Aunque reconoció que la situación puede describirse como una invasión o incluso un despojo, explicó que la directiva prefiere manejar el asunto con precisión y buscar una salida legal antes que recurrir a confrontaciones.

Buscan regularizar las construcciones mediante acuerdos

Respecto al futuro de las aproximadamente 200 cabañas, González Meraz explicó que el proyecto de la directiva contempla llegar a un acuerdo con sus propietarios para que puedan adquirir legalmente los terrenos donde realizaron sus inversiones.

Detalló que, al tratarse de superficies de uso común, sería necesario iniciar un procedimiento ante las autoridades agrarias para desincorporar o desmancomunar esa parte del ejido y, posteriormente, avanzar en su posible urbanización y conversión a propiedad privada.

En este proceso también tendrían que intervenir el ayuntamiento, posiblemente el Gobierno del Estado y las instituciones correspondientes, a fin de determinar la viabilidad y cumplir con los requisitos legales necesarios para que los actuales ocupantes puedan obtener sus títulos de propiedad.

El representante ejidal aclaró que se trata de un procedimiento largo, pero aseguró que forma parte del proyecto que pretenden impulsar. El primer paso, explicó, consiste en que los propietarios manifiesten su disposición de adquirir legalmente los terrenos y que, posteriormente, se presenten las solicitudes correspondientes ante las asambleas y las autoridades agrarias.

Señaló que la intención es encontrar una solución que permita a las personas conservar las inversiones realizadas, pero bajo un esquema legal que brinde certeza sobre la propiedad y establezca condiciones para el desarrollo de sus proyectos.

Cabañas externas también afectan al parque ecoturístico

González Meraz explicó que el problema también tiene repercusiones económicas para el ejido, debido a que las cabañas construidas en la periferia representan una competencia para los servicios de hospedaje que ofrece el parque ecoturístico Mexiquillo.

Precisó que el parque se encuentra debidamente delimitado y continúa siendo propiedad ejidal, además de operar como una empresa perteneciente al propio ejido. En ese espacio cuentan con aproximadamente 20 a 22 cabañas, aunque reconoció que no recordaba la cifra exacta.

En contraste, las alrededor de 200 construcciones adicionales se encuentran fuera del parque, en terrenos que, según explicó, no pertenecen a quienes edificaron en ellos.

El dirigente consideró que la ubicación de estas cabañas responde a la importancia turística de Mexiquillo, pues los establecimientos ubicados en la periferia promocionan sus servicios aprovechando el atractivo del parque ecoturístico.

Indicó que Mexiquillo es considerado uno de los proyectos de turismo de montaña más importantes de la región, por lo que su entorno natural tiene un valor que debe protegerse.

Finalmente, reiteró que existe urgencia por atender el problema, tanto por las afectaciones económicas y legales para el ejido como por la necesidad de frenar el deterioro ambiental. Insistió en que la prioridad es encontrar una solución mediante la negociación y la intervención de las instancias correspondientes, para evitar que continúe la ocupación irregular de terrenos de uso común y garantizar la protección de los recursos naturales.