Descarta Durango anomalías en contratos de material electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango aseguró que no existen irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de material y documentación electoral, luego de que a nivel nacional surgieran cuestionamientos sobre las compañías que abastecen a los organismos electorales.

Su presidente, Roberto Herrera, afirmó que el organismo estatal ha cumplido con los procedimientos legales y administrativos, aunque reconoció que ya recibieron un requerimiento de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

El funcionario sostuvo que la existencia de posibles irregularidades en alguna de las empresas proveedoras no significa que todos los organismos electorales que han contratado sus servicios hayan incurrido en alguna falta. Por ello, dijo estar a favor de las auditorías y de cualquier investigación que permita esclarecer las dudas sobre las adquisiciones realizadas.

Niegan asignación de contratos por instrucciones

Roberto Herrera rechazó que desde el Instituto Nacional Electoral se haya girado alguna instrucción para que los organismos públicos locales electorales contrataran a determinadas empresas, como se ha señalado en medio de los cuestionamientos nacionales.

Explicó que el mercado de proveedores de documentación y material electoral es reducido, pues existen apenas cuatro o cinco compañías con capacidad para abastecer las necesidades de las 32 entidades federativas.

En ese sentido, consideró que resulta prácticamente inevitable que distintos institutos electorales coincidan en la contratación de las mismas empresas, particularmente cuando se trata de procesos de adquisición mediante licitaciones públicas.

Detalló que, conforme a la normatividad, las compras que superan aproximadamente el millón y medio de pesos deben realizarse mediante licitación pública nacional, procedimiento al que pueden inscribirse las empresas interesadas.

Aseguró que el IEPC de Durango ha respetado estos mecanismos y descartó que exista algún tipo de direccionamiento en las contrataciones.

Auditoría federal ya solicitó información

Sobre la situación particular del organismo electoral en Durango, el presidente confirmó que hace aproximadamente diez días recibieron un requerimiento de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se les ha notificado el inicio de una investigación derivada de alguna denuncia o señalamiento específico.

Precisó que la solicitud consiste en proporcionar datos sobre las adquisiciones realizadas, los productos contratados y las empresas con las que se han establecido relaciones comerciales.

De acuerdo con Herrera, se trataría de una recopilación de información de los 32 organismos públicos locales electorales, con la finalidad de concentrar los datos y revisar cómo se han desarrollado las contrataciones.

El funcionario insistió en que el instituto está dispuesto a entregar toda la documentación que sea necesaria, aunque reiteró que, desde su perspectiva, no existen irregularidades en el manejo de los recursos destinados a estos conceptos.

Preocupa capacidad de proveedores rumbo a 2027

De cara al proceso electoral de 2027, Roberto Herrera reconoció que uno de los principales retos será determinar con qué empresas podrán contratarse los materiales y la documentación necesarios para las elecciones.

Señaló que, después de la revisión nacional de los contratos y de la información que están solicitando las autoridades fiscalizadoras, podría existir algún pronunciamiento que permita establecer criterios sobre los proveedores con los que podrán trabajar los organismos electorales.

No obstante, advirtió que la capacidad de producción representa un problema importante, debido al volumen de material que deberá elaborarse para los próximos comicios. Explicó que se prevén elecciones para ayuntamientos y congresos locales en distintas entidades, además de 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, por lo que se requerirá una cantidad considerable de boletas y documentación.

Incluso mencionó que podrían necesitarse cerca de 800 millones de boletas y materiales electorales, una demanda que, dijo, difícilmente podría cubrirse si se limita demasiado el número de empresas proveedoras.

Presumen seis años de cuentas aprobadas

Finalmente, el presidente del IEPC defendió el historial administrativo del organismo y aseguró que durante los seis años que lleva al frente de la institución las cuentas públicas han sido aprobadas.

Indicó que el instituto está sujeto a revisiones de cinco instancias: el Instituto Nacional Electoral, la Contraloría del Estado, la Contraloría Interna, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado. Afirmó que estas revisiones se realizan de manera periódica y que el organismo ha atendido los procedimientos de fiscalización correspondientes.

Aunque insistió en que Durango no presenta irregularidades, el tema de los proveedores electorales permanece bajo revisión a nivel nacional. La información que entreguen los organismos locales y los resultados de las auditorías serán importantes para conocer si existieron prácticas indebidas en las contrataciones y, particularmente, qué criterios deberán aplicarse para evitar cuestionamientos en el proceso electoral de 2027.