Despenalización del aborto se tendrá que revisar sin presiones

La diputada local Daniela Soto Hernández afirmó que la despenalización del aborto es un tema que requiere un análisis profundo. "En lo personal estoy a favor, pero estoy en contra de las presiones y amenazas, tanto de la Iglesia como de colectivos que nos exigen actuar de manera inmediata", declaró.

Soto Hernández explicó que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia establece como plazo límite el 15 de diciembre para que el proceso legislativo pueda concluir. Señaló que la iniciativa debe ser analizada primero por la comisión correspondiente y que, posteriormente, se debe elaborar un dictamen antes de pasar al pleno para su discusión y posible aprobación. "No se puede obligar a acelerar un proceso legislativo que requiere estudio y deliberación", puntualizó la legisladora.

La diputada enfatizó la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos, destacando que las decisiones en temas sensibles como el aborto deben fundamentarse en el análisis jurídico, social y sanitario. Asimismo, subrayó que el diálogo y la deliberación en comisiones son esenciales para garantizar que las propuestas legislativas respondan a criterios técnicos y de derechos humanos, evitando presiones externas que puedan condicionar la votación.

Soto Hernández agregó que, pese a las posturas encontradas en la sociedad, los legisladores tienen la responsabilidad de legislar con base en información objetiva y respeto a los marcos legales vigentes. Reiteró que la participación ciudadana es bienvenida, siempre y cuando se ejerza de manera respetuosa y sin recurrir a amenazas o presión sobre los representantes populares.

El proceso legislativo continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que la comisión correspondiente revise la iniciativa, realice las consultas necesarias y elabore un dictamen que posteriormente será presentado al pleno del Congreso local. La legisladora destacó que el objetivo es garantizar un procedimiento transparente y ordenado que cumpla con los plazos establecidos por la sentencia de la Corte.

Con ello, Soto Hernández busca equilibrar su postura personal a favor de la despenalización con la necesidad de seguir los procesos institucionales, asegurando que cualquier decisión tomada sea el resultado de análisis técnico y deliberación legislativa.