En el estado de Durango se desarrolla una crisis humanitaria silenciosa pero de proporciones alarmantes: el desplazamiento interno. Este fenómeno, que se ha consolidado en 2025 como una de las consecuencias más severas por la falta de oportunidades, obliga a cientos de familias a abandonar sus hogares y comunidades de origen para buscar refugio en otras partes de la entidad. La situación afecta de manera particularmente profunda a los menores de edad, quienes no solo ven interrumpida su educación y su vida social, sino que cargan con secuelas emocionales que pueden persistir durante años.
Quienes sufren las consecuencias más devastadoras de este éxodo son los niños y adolescentes desplazados. Estos menores, provenientes mayoritariamente de municipios serranos como San Dimas, Tamazula, Otáez y Topia, llegan a la capital del estado de Durango, y a ciudades medianas como Lerdo, Guadalupe Victoria y Canatlán, trayendo consigo experiencias traumáticas. La Secretaría de Educación ha comenzado a tomar cartas en el asunto ante el volumen significativo de menores que han tenido que migrar, lo que ha impactado la matrícula y la dinámica en las aulas de las comunidades receptoras.
La forma en que este desplazamiento impacta a la niñez es multifacética. Los menores llegan a sus nuevos entornos con miedo, ansiedad y estrés, manifestando a menudo cambios drásticos en su conducta y en su rendimiento académico. El desarraigo abrupto de su entorno familiar, escolar y comunitario genera una sensación de desprotección y pérdida de identidad. Lamentablemente, esta crisis psicológica rara vez encuentra un contrapeso, ya que existe una grave falta de atención psicosocial y médica especializada para atender el daño emocional que padecen.
El momento en que esta crisis se ha agudizado es a lo largo del año 2025, aunque el fenómeno se arrastra desde al menos 2022. La magnitud real del problema es mucho mayor de lo que sugieren las cifras oficiales. Se estima que por cada persona desplazada oficialmente reconocida, hay entre cinco y seis que no figuran en ningún registro, por lo que la cifra total real desde el inicio de 2022 podría superar las cuarenta mil personas, una escala que define una emergencia humanitaria de grandes proporciones.
El lugar donde se desarrolla este drama tiene dos polos claros. Por un lado, los municipios expulsores, principalmente rurales y serranos, que padecen falta de oportunidades económicas y conflictos territoriales que hacen la vida insostenible. Por otro lado, se encuentran los municipios receptores, con la capital a la cabeza, que se consolidan como destinos por su relativa seguridad y la esperanza de encontrar empleo. Esta migración interna redefine el mapa social de Durango y representa un desafío monumental para las autoridades, no solo en términos de proporcionar servicios básicos a los recién llegados, sino de implementar políticas públicas que aborden el trauma invisible que cargan los niños desplazados y les brinden la oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza.