El día reciente se registraron tres detenciones en Durango relacionadas con alteración del orden público en diferentes zonas de la ciudad. Jesús Manuel, de 22 años, fue detenido por agredir verbalmente a los oficiales y dificultar la prestación de servicios en el bulevar Francisco Villa, entre las calles 8 de Julio y 1 de Mayo, en el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit. Según informes oficiales, el joven se encontraba alterado, pero tras su ingreso, se confirmó que no presentaba lesiones y su diagnóstico médico fue normal. La agresión a los oficiales y el comportamiento disruptivo fueron suficientes para proceder con su detención.
En otro incidente, una menor fue detenida en el bulevar Domingo Arrieta, entre el bulevar Durango y la avenida Francisco González de la Vega, en el fraccionamiento Francisco I. Madero, por alterar el orden público. Al igual que en el caso anterior, no presentó lesiones visibles y, tras su ingreso a las autoridades, su diagnóstico médico también resultó normal. La menor fue detenida por crear disturbios en la vía pública, pero no se especificó si fue llevada a un centro especializado para menores o si se tomaron otras medidas adicionales.
Por otro lado, en la colonia Francisco Zarco, específicamente en la calle República de Venezuela, entre la calle México, Jorge Gerardo, de 60 años, fue detenido por orinar y defecar en la vía pública. El comportamiento de este hombre alteró el orden público en la zona. A su detención, no se le encontraron lesiones visibles, pero el diagnóstico médico arrojó que presentaba un segundo grado de ebriedad. La detención se llevó a cabo en una fecha reciente, aunque no se especificó el día exacto. Este tipo de comportamiento en la vía pública no solo es considerado inapropiado, sino que también afecta la convivencia en la comunidad, lo que motivó la intervención de las autoridades locales.
Estos tres incidentes reflejan cómo la alteración del orden público continúa siendo un tema que afecta diversas áreas de la ciudad, desde conductas disruptivas hasta la violación de las normas básicas de convivencia. Las autoridades, por su parte, siguen actuando para mantener el orden y garantizar que se respeten las leyes locales, protegiendo así la seguridad y el bienestar de la población.