Diputados federales aprueban reforma que acelera plazos para interponer amparos

Una reforma que podría sellar para siempre la suerte de miles de leyes y dejar a ciudadanos y empresas sin derecho a defenderse se cierne sobre el sistema jurídico mexicano. La Cámara de Diputados aprobó una polémica modificación a la Ley de Amparo que establece un plazo perentorio e inaplazable de apenas 15 días hábiles para impugnar cualquier ley considerada inconstitucional, un cambio radical que, además, se aplicaría retroactivamente, blindando de desafíos legales a toda la legislación promulgada desde 2019.

El núcleo de esta reforma, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados, es una modificación al Artículo 22 de la Ley de Amparo. El cambio es drástico: mientras antes los plazos para demandar una ley podían comenzar a correr desde diferentes momentos, otorgando cierta flexibilidad, ahora el conteo de los 15 días será irrevocable e iniciará al día siguiente de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. Quien no actúe en ese breve lapso, perderá para siempre su derecho a impugnar.

Quienes se verán directamente afectados por esta medida son todos los gobernados en México: personas físicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. La figura central que propuso el elemento más controvertido, el artículo transitorio que permite la retroactividad, fue el diputado Hugo Eric Flores de Morena. Frente a ellos, la oposición política, académicos y especialistas en derecho han alzado la voz para advertir sobre las graves consecuencias de esta reforma.

La forma en que operaría esta modificación crea una situación de extrema urgencia para cualquier potencial demandante. Bajo la nueva regla, un ciudadano o una pequeña empresa tendrían solo tres semanas hábiles para analizar una ley compleja, consultar con abogados, preparar una demanda de amparo sólida y presentarla. Este plazo se considera insuficiente, especialmente para quienes no cuentan con recursos económicos o asesoría jurídica inmediata.

El momento en que esta reforma se aprobó en la Cámara de Diputados marca un punto de inflexión, pero su destino final se decidirá en las próximas semanas en el Senado de la República, donde la coalición gobernante también cuenta con mayoría. De ser avalada y publicada en el DOF, su impacto se sentiría de inmediato.

El ámbito de aplicación es toda la República Mexicana y su efecto retroactivo es lo que genera mayor alarma. La reforma funcionaría como una "amnistía para leyes inconstitucionales", ya que todas las leyes federales y locales publicadas desde 2019 que no fueron impugnadas en su momento quedarían automáticamente blindadas, imposibilitando cualquier amparo en su contra en el futuro. Esto afecta normas en materia laboral, ambiental, fiscal y de extinción de dominio, entre muchas otras. El escenario que se vislumbra es una carrera contra el tiempo para los mexicanos y un desafío de inconstitucionalidad casi seguro ante la Suprema Corte de Justicia, en una batalla que definirá el equilibrio entre la seguridad jurídica del Estado y el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la justicia.