Directivos del COBAED denuncian recorte salarial del 40% en sus prestaciones

Una crisis laboral sacude al Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED), donde trabajadores de confianza acusan a la directora general, la Maestra Sonia Flores Arce, de implementar una serie de medidas arbitrarias que han cercenado hasta en un 40% sus ingresos y amenazan con profundizar el recorte de sus prestaciones. El conflicto, que ha enfrentado a la alta dirección con empleados de primer nivel, destapa no solo un problema de recursos, sino una fractura en la estructura laboral de una de las instituciones educativas más importantes del estado.

Los denunciantes son trabajadores de confianza con una amplia trayectoria en la institución, cuyas antigüedades fluctúan entre 15 y 35 años de servicio. Estos empleados, que ocupan posiciones directivas, señalan como responsable directa a la directora general, Sonia Flores Arce. Sin embargo, en un giro que complica el conflicto, empleados de menor jerarquía dentro del mismo COBAED han salido a señalar que los directivos afectados percibían sueldos elevados al combinar funciones administrativas con horas docentes, sugiriendo que esta situación habría motivado los recortes, y aclarando que las medidas solo han impactado a los mandos superiores.

La forma en que se ha desarrollado este conflicto es a través de una serie de medidas administrativas implementadas desde octubre. La más significativa ha sido la eliminación arbitraria de la Prima de Antigüedad, un componente salarial crucial para los trabajadores con mayor tiempo en la institución. Además, los afectados enfrentan la amenaza inminente de ver reducido su aguinaldo a 40 días y la exigencia de renunciar a una de sus plazas en 2026, lo que representaría una nueva merma a su estabilidad económica.

La incertidumbre se ha extendido hacia el futuro inmediato, con la advertencia de más recortes para el próximo año, generando un clima de inestabilidad laboral que afecta el desempeño institucional.

La controversia pone en evidencia las tensiones internas por la distribución de recursos humanos y económicos. Mientras los trabajadores de confianza exigen la restitución inmediata de sus prestaciones y el cese de las medidas unilateralmente impuestas, la contraparte señala posibles irregularidades en la asignación de plazas y percepciones. La solución requiere de la intervención de las autoridades educativas estatales para mediar en un conflicto que, más allá de los desacuerdos salariales, podría estar reflejando problemas estructurales de gestión y equidad en la asignación de recursos dentro del sistema educativo duranguense.