En Durango, la discriminación hacia la comunidad LGBT+, incluyendo a personas pansexuales -aquellas que experimentan atracción sexual o romántica independientemente del género-, sigue siendo un problema grave que afecta diversos aspectos de la vida cotidiana. Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 87% de los integrantes de esta comunidad en el estado ha sufrido algún tipo de discriminación, principalmente en entornos familiares, escolares y laborales. Esta situación se ha documentado a través de la Primera Encuesta Estatal 2023, realizada por siete colectivos LGBT+ para visibilizar la problemática y promover políticas públicas inclusivas.
Los casos de discriminación se manifiestan de múltiples formas. En 2023, estudiantes duranguenses protestaron por el despido injustificado de un profesor presuntamente debido a su orientación sexual. Asimismo, se han registrado numerosas denuncias de mujeres trans que enfrentan obstáculos para acceder a empleos formales. Estos hechos revelan cómo los prejuicios sociales y la falta de educación en diversidad continúan vulnerando los derechos humanos básicos de esta población.
La problemática se agrava por la ausencia de legislación local robusta que proteja específicamente a la comunidad LGBT+ y por la persistencia de estereotipos arraigados en amplios sectores de la sociedad. Testimonios recogidos por organizaciones civiles detallan cómo muchas personas son rechazadas por sus propias familias, enfrentan acoso escolar o pierden oportunidades laborales simplemente por su identidad de género u orientación sexual.
Ante este panorama, colectivos y autoridades trabajan en estrategias para promover la inclusión, aunque reconocen que los avances son insuficientes. Se requiere fortalecer urgentemente la educación en diversidad desde las escuelas, implementar capacitaciones obligatorias en espacios laborales y reformar el marco legal para garantizar protección efectiva contra la discriminación. Mientras estas medidas no se consoliden, miles de personas LGBT+ en Durango seguirán enfrentando diariamente situaciones de exclusión que limitan su desarrollo personal y profesional, perpetuando ciclos de desigualdad e injusticia social. La construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva exige el compromiso conjunto de instituciones, educadores, empresas y ciudadanos para transformar los prejuicios en respeto y aceptación.