En 2025, la propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE provocó una reacción inmediata de rechazo entre los docentes de Durango y de todo México. La iniciativa, promovida a nivel federal, incluía modificaciones en el sistema de pensiones que afectaban directamente a los trabajadores del sector educativo, en especial a aquellos con ingresos superiores a los 30 mil pesos mensuales. Entre los principales cambios planteados se encontraban el aumento en las cuotas de aportación, el incremento en la edad mínima para el retiro y la permanencia del sistema de Afores, lo cual generó una amplia inconformidad.
Los principales opositores fueron integrantes del magisterio, organizados en sindicatos como la CNTE y el SNTE, quienes argumentaron que no fueron consultados durante la elaboración de la reforma. A través de marchas, comunicados públicos y llamados a paro laboral, los maestros exigieron que se respetaran sus derechos adquiridos y que se les incluyera en cualquier discusión relacionada con su sistema de jubilación. En diversos estados, incluyendo Durango, se registraron manifestaciones frente a oficinas gubernamentales, donde los docentes insistieron en la necesidad de derogar no solo la propuesta de 2025, sino también la reforma de 2007, que eliminó el sistema solidario de pensiones.
La reforma proponía un aumento en las aportaciones de seguridad social para quienes percibieran más de 30 mil pesos mensuales, lo que representaría una reducción efectiva en los ingresos netos de muchos trabajadores. Además, se contemplaba un incremento en la edad de jubilación, sin establecer garantías de mejores condiciones para el retiro. A esto se sumó el descontento por la permanencia de las Afores, ya que los maestros esperaban una transición hacia un modelo solidario que ofreciera mayor estabilidad y equidad.
Aunque la iniciativa fue retirada de manera temporal ante la presión social, los maestros continuaron sus protestas y solicitaron una revisión integral del sistema de pensiones. El llamado fue claro: abrir un diálogo con las autoridades, escuchar a los trabajadores y establecer soluciones que beneficien a quienes han dedicado su vida al servicio público. Representantes sindicales, como Alfonso Cepeda Salas y Alfonso Herrera, reiteraron la importancia de establecer acuerdos que garanticen el bienestar de los docentes y sus familias.
El conflicto por la reforma a la Ley del ISSSTE evidenció la urgencia de contar con mecanismos participativos y transparentes para abordar cambios estructurales en materia laboral, particularmente en sectores tan sensibles como el educativo. En Durango, el magisterio permanece atento, con la expectativa de que sus demandas sean atendidas de forma justa y oportuna.