Durango en la mira nacional por despenalización del aborto

Durango se encuentra en la encrucijada histórica de decidir entre perpetuar un sistema que criminaliza a las mujeres o dar un paso decisivo hacia la garantía de sus derechos reproductivos. En 2025, el estado es uno de los últimos bastiones con una legislación severamente restrictiva sobre el aborto, un hecho que cobra una dimensión aún más dramática ante la cruda realidad de una educación sexual casi inexistente, donde niñas vulnerables carecen incluso del lenguaje para denunciar abusos. El intenso debate legislativo, impulsado por una coalición de mujeres, ha colocado a Durango en el centro de la mira nacional, enfrentando la urgente necesidad de despenalizar una práctica que, aunque prohibida, sigue ocurriendo en la sombra con consecuencias a veces fatales.

Quienes protagonizan esta lucha son, por un lado, una coalición de legisladoras de oposición y organizaciones de la sociedad civil que buscan la despenalización. Frente a ellas se alza una fuerte oposición de grupos conservadores. En el centro de este drama se encuentran las mujeres y niñas duranguenses, como aquella cuya triste anécdota ilustra la desprotección: una menor que intentó comunicar un abuso sexual refiriéndose a su "galleta", siendo malinterpretada por su maestra. Esta historia evidencia la desconexión entre la ley punitiva y la realidad social que ignora la salud sexual.

La forma en que la penalización actual opera es a través de sanciones draconianas en el Código Penal: hasta tres años de prisión para la mujer que aborta y seis para quien la auxilie. Sin embargo, un dato paradójico surge del sistema penitenciario: aunque no hay mujeres recluidas específicamente por el delito de "aborto propio", sí existe un hombre preso por obligar a una mujer a abortar. Esta situación revela las contradicciones de una ley que, en la práctica, puede ser utilizada de manera selectiva y que no impide que entre el 15% y el 20% de las muertes maternas en el estado estén vinculadas a abortos inseguros.

El momento crucial se vivirá en el Congreso del Estado, donde se votará una reforma para eliminar las sanciones por interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esta iniciativa no solo despenalizaría el aborto por voluntad de la mujer, sino que derogaría los delitos de "aborto propio" y "consentido", aunque mantendría las causales legales para etapas posteriores.

El lugar de esta batalla es el estado de Durango, que junto con Guerrero, Tabasco y Tamaulipas, forma parte del reducido grupo de entidades que no han iniciado ningún proceso de despenalización. La decisión que se tome aquí resonará en toda la región. De aprobarse, el sistema estatal de salud tendría la obligación de garantizar el servicio, protegiendo a las mujeres de la criminalización y reduciendo las muertes por prácticas clandestinas. La medida, sin embargo, anticipa una fuerte reacción de grupos conservadores y ejercería una presión significativa sobre los estados vecinos que mantienen legislaciones similares, marcando un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las mujeres en el norte de México.