Para Santiago y miles de duranguenses que dependen de una silla de ruedas, la promesa de una ciudad inclusiva se desvanece cada vez que intentan subir a un camión, transitar por una banqueta rota o sortear los obstáculos de un transporte público que parece diseñado para excluirlos. A pesar de los anuncios oficiales y los programas de concientización, la brecha entre el discurso y la realidad cotidiana sigue siendo abismal, obligando a las asociaciones civiles a alzar la voz para exigir resultados concretos y una verdadera inclusión que vaya más allá de los eventos mediáticos.
Quienes enfrentan esta exclusión diaria son personas con discapacidad motriz, como Santiago, que se ven recurrentemente imposibilitadas para usar el sistema de transporte público en diferentes puntos de la ciudad. A ellos se suman diversas asociaciones civiles que, aunque representan a un sector, alzan la voz por todos aquellos que, sin estar afiliados a ninguna organización, merecen igualmente vivir en una ciudad accesible. Estos colectivos son los que hoy exigen a las autoridades municipales hechos tangibles que traduzcan las buenas intenciones en accesibilidad, seguridad y movilidad digna para todos.
La forma en que se manifiesta este problema es multifacética. Por un lado, está la palpable falta de infraestructura accesible en el transporte y el espacio público. Por otro, existe una carencia de conocimiento generalizado sobre cómo asistir correctamente a una persona con discapacidad, lo que puede derivar en accidentes o situaciones incómodas por una ayuda mal proporcionada. Programas como "Durango de rol", puesto en marcha hace unas semanas con el loable objetivo de fomentar la inclusión, destacan la necesidad de esta concientización, pero también evidencian que las soluciones de fondo aún no llegan.
El momento de esta exigencia es ahora, en un contexto donde las iniciativas de inclusión se anuncian, pero los cambios estructurales brillan por su ausencia. La paciencia de la comunidad se agota tras años de adaptarse a una ciudad que no los tiene en cuenta, mientras las autoridades parecen conformarse con acciones simbólicas que no resuelven los problemas de fondo.
El lugar donde esta lucha por la inclusión se libra es en las calles de todo el municipio de Durango. No es un problema confinado a una zona específica; es una barrera sistémica que se repite en las paradas de autobús inaccesibles, en las banquetas intransitables y en un transporte público que no está adaptado para todos sus ciudadanos. La demanda es clara: se necesita una inclusión real, una que se materialice en presupuestos, en diseño urbano y en políticas públicas que prioricen la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad, transformando a Durango en una ciudad donde nadie quede atrás.