Una silenciosa crisis de seguridad estructural se extiende por la ciudad, donde decenas de edificaciones en riesgo de colapso se mantienen en pie, representando una amenaza latente para los transeúntes que, por necesidad o costumbre, continúan desenvolviéndose a su alrededor. Entre el abandono y la burocracia, la integridad de los ciudadanos pende de un hilo.
El cruce del bulevar Felipe Pescador y la calle Victoria alberga un ejemplo emblemático de este peligro. Una propiedad en pésimas condiciones estructurales no solo se deteriora a la vista de todos, sino que funciona como una parada de transporte público, concentrando diariamente a personas que esperan su ruta bajo la sombra de un posible derrumbe.
La Dirección de Protección Civil posee un registro oficial que cuantifica este problema: 54 inmuebles en riesgo están identificados en toda la ciudad. La situación es particularmente grave en el Centro Histórico, donde varias fincas con valor patrimonial se encuentran en un avanzado estado de deterioro. Ante esto, la dependencia ha optado por colocar señalización y lonas que advierten del peligro, una medida que busca disuadir a la población de permanecer cerca de estos lugares.
Sin embargo, la costumbre y la necesidad pueden más que las advertencias. Ciudadanos como María, quien utiliza frecuentemente la zona, reconocen el riesgo, pero señalan la falta de alternativas. Muchas de estas paradas se han establecido por años, y los usuarios no tienen otro lugar seguro donde esperar el transporte. Este problema se agrava por la inseguridad delictiva que estos espacios abandonados generan, creando un círculo vicioso de peligro.
Complicando aún más la solución, el estricto marco de protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre los inmuebles históricos actúa como un arma de doble filo. Si bien busca preservar el patrimonio, su rigidez regulatoria, sumada al abandono prolongado por parte de los propietarios, impide o retrasa indefinidamente las labores de rehabilitación que podrían devolver la seguridad a estas esquinas, dejando a la ciudadanía atrapada entre la negligencia privada y la inercia institucional.