El poder judicial en Durango
Aunque el acceso a una justicia pronta y eficaz es un derecho garantizado por la Constitución, gran parte de la población desconoce cómo funciona el Poder Judicial en su estado. Esta falta de información dificulta el ejercicio de los derechos legales y debilita la confianza en las instituciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Durango está conformado por 19 magistrados numerarios y 8 supernumerarios. A ellos se suma un magistrado del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, sumando un total de 28 magistrados. Además, hay cargos en tribunales como el de Disciplina Judicial y el de Justicia Administrativa. La entidad cuenta con 4 jueces por cada 100,000 habitantes, es decir, 0.04 jueces por cada mil personas.
En el ámbito estatal, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de interpretar las leyes, resolver conflictos y hacer cumplir las decisiones judiciales. Sin embargo, para muchas personas, su estructura y funciones siguen siendo ajenas. Esto provoca que, ante una situación legal, no sepan a dónde acudir, qué procesos seguir o qué autoridad corresponde a su caso.
En 2023, Durango registró un 100% de impunidad en homicidios dolosos: ningún caso fue resuelto. En 2022, la cifra fue de 91.7%. A nivel nacional, solo 13 de cada 100 casos de feminicidio se resuelven, lo que refleja un patrón generalizado de falta de justicia en crímenes contra la vida.
El problema no es menor. En estados como Durango, donde recientemente se han impulsado cambios para renovar la estructura judicial, el desconocimiento sobre cómo votar o participar en estos procesos también se refleja en la baja participación ciudadana. Las decisiones sobre jueces, magistrados y órganos administrativos impactan directamente en la calidad de la justicia, pero pasan desapercibidas para la mayoría.
En Durango, la percepción de corrupción en el sistema judicial sigue siendo alta. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, la justicia civil obtuvo una calificación de 0.51. En cuanto a la rapidez para resolver casos, la puntuación fue de apenas 0.36, lo que indica una percepción de lentitud en los procesos.
Entender cómo se organiza y opera el sistema judicial no es un asunto exclusivo de especialistas. Es parte del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
